Habaneceres

La misteriosa explosión del acorazado Maine con 276 tripulantes a bordo fue el motivo necesario para que Estados Unidos entrara en la guerra anticolonial cubana, justo cuando España sólo dominaba las ciudades importantes. La teoría de la fruta madura, la Doctrina Monroe refrendada por la U.S Navy, fue la causa. A mediados del XIX, la metrópoli económica de Cuba era ya el vecino del Norte, que acaparaba casi el 60% de su comercio; no España.

Ahora, la ley Helms-Burton dispara sus andanadas económicas contra la Isla. Si entonces Estados Unidos se enfrentó a un Imperio venido a menos que intentó en vano una coalición europea en su ayuda, y al final se resignó a capitular ante la potencia emergente, nunca ante los mambises, verdaderos artífices de la independencia, esta vez se enfrenta a intereses económicos de sus aliados.

En 1898, Estados Unidos acudió a salvar a la colonia martirizada, aunque para ello algunos propusieran un método sui géneris, como se desprende del memorándum de J. G. Breckenridge, Secretario de Guerra norteamericano:

[la población cubana] “consiste de blancos, negros y asiáticos y sus mezclas. Los habitantes son generalmente indolentes y apáticos. Es evidente que la inmediata anexión de estos elementos a nuestra propia Federación sería una locura y, antes de hacerlo, debemos limpiar el país (…) destruir todo lo que esté dentro del radio de acción de nuestros cañones (…) concentrar el bloqueo, de modo que el hambre y su eterna compañera, la peste, minen a la población civil y diezmen al ejército cubano. Este ejército debe ser empleado constantemente en reconocimientos y acciones de vanguardia, de modo que sufra entre dos fuegos, y sobre él recaerán las empresas peligrosas y desesperadas”.

Un siglo después, los cañones modelo Helms-Burton intentan salvar a los nativos de la dictadura castrista y forzar un tránsito a la democracia… de los que sobrevivan a su aplicación. El restablecimiento de los derechos humanos merece cualquier sacrificio, incluso el de la vida… de los cubanos.

La Helms-Burton, o Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas, de 1996, “procura sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en la Isla y otros fines”. Su presupuesto básico es sancionar y reparar “el robo por ese Gobierno [el de Castro] de propiedades de nacionales de los Estados Unidos”, haciendo de ello un instrumento para la democratización de Cuba. He leído varios artículos que invocan el carácter justiciero de la Ley, que salvaguarda el sagrado derecho a la propiedad. Ninguno ejemplifica con el terrateniente expropiado o la United Fruit Company. Suenan demasiado a monopolio, expoliación, riqueza desmedida flotando en un océano de miseria. Se invoca al pobre galleguito que sufragó su bodega con años de sudor y malcomer, para que Fidel se la quitara. Yo recordé al chino de Genios e Industria que vino huyendo de Mao, montó su almacén, apareció Fidel y terminó de asalariado en Miami. Pero el chino y el gallego, así sean ciudadanos norteamericanos, sólo podrán recuperar su bodega “si el monto de la reclamación supera la suma o el valor de 50.000 dólares sin considerarse los intereses, gastos y honorarios de abogados” (sic.). De modo que ya sabemos quiénes serán los presuntos beneficiarios.

Y será el presidente de Estados Unidos quien determine cuándo existe un gobierno de transición[1]. Dimanar de elecciones libres e imparciales y una clara orientación hacia el mercado, sobre la base del derecho a poseer y disfrutar propiedades, son las condiciones adicionales para que el mismo presidente concluya que se trata de un gobierno elegido democráticamente, momento en que la felicidad reinará en la Isla, ya que el bienestar del pueblo cubano se ha afectado, según la ley, por el deterioro económico y por “la renuencia del régimen a permitir la celebración de elecciones democráticas”. La primera razón es obviamente correcta. La segunda, indemostrable. Taiwán, Corea y Chile, por un lado; Haití, Nicaragua y Rusia, por el otro, demuestran que la democracia de las urnas y la democracia del pan no forman un matrimonio indisoluble. Pero, ¿es verdaderamente democracia y derechos humanos lo que se reclama para Cuba? Si nos atenemos a la historia de nuestro continente, un pliego de demandas como éste habría hecho inadmisibles a Somoza, Pinochet, Duvalier, Batista, Trujillo, etc., etc., dictaduras apoyadas y, con frecuencia, instauradas por Washington. Y habría garantizado la existencia de Allende, Jacobo Arbenz, Joao Goulart. Pero aceptemos que la política norteamericana ha cambiado. ¿Acaso el petróleo concede un tinte democrático a las feroces dictaduras árabes? ¿Por qué los chinos mantienen el status de nación más favorecida? Cedo la palabra al destacado periodista norteamericano Robert Novak:

“¿No será que estoy inclinando la cabeza ante el poderío chino y ensañándome con la débil Cuba? Confieso que así es. (…) Mantener buenas relaciones con el creciente gigante de Asia es un interés nacional indiscutible”.

No coments.

Sólo me queda claro un derecho que Occidente defiende sin reticencia: “la garantía del derecho a la propiedad privada”, como reza la ley.

¿Cómo restablecer en Cuba ese derecho?, es una pregunta que intenta responder el tándem Helms-Burton: En teoría, logrando, mediante medidas de presión, el desmoronamiento del gobierno cubano. En la práctica, estrangulando al pueblo cubano por cualquier medio, incluso “un embargo internacional obligatorio” de la ONU, hasta que la subversión brutal a cualquier costo sea el único y estrecho pasadizo hacia la supervivencia probable.

Claro que aun las más drásticas medidas (no importa sobre quién recaigan) están justificadas, dado que “el Gobierno de Cuba ha planteado y continúa planteando una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Y reitera en varios párrafos “las amenazas de terrorismo constantes del Gobierno de Castro”, e incluso advierte que “la terminación y explotación de cualquier instalación nuclear” y “cualquier nueva manipulación política del deseo de los cubanos de escapar que provoque una emigración en masa hacia los Estados Unidos, se considerará un acto de agresión que recibirá la respuesta adecuada…”. De esto, cualquier lector ingenuo derivaría que el monstruoso embargo y las continuas amenazas que la potencia castrista impone a los pobrecitos Estados Unidos justifican cualquier medida defensiva, y que, según el derecho de reciprocidad, el gobierno cubano puede decidir qué instalaciones nucleares norteamericanas son admisibles.

Y un lector no tan ingenuo detectaría que la ley padece cierta amnesia, resultado quizás del “Síndrome Mariel”: la emigración cubana pos revolucionaria, que muy en sus inicios pudo ser política ─Estados Unidos acogió incluso a criminales de guerra buscados por la justicia cubana, con lo que sentó un pésimo precedente que Castro ha retomado─, se convirtió muy pronto en mayoritariamente económica; con la diferencia (respecto a los mexicanos, por ejemplo, que sí emigran masivamente) de que siempre fue objeto de manipulación política por ambos bandos: Estados Unidos obstaculiza la emigración legal y alienta la ilegal. Cuba abre y cierra a conveniencia la válvula de escape. Unas dantescas elecciones donde los cubanos sólo han votado con sus cadáveres, arrastrados por la Corriente del Golfo a algún cementerio secreto del Atlántico Norte.

La “amenaza castrista” permite a la ley incluso apelar a la extraterritorialidad y sancionar a terceros países, dado que “El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o está destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio” (sic). No sólo a entidades y personas que “trafiquen con propiedades confiscadas reclamadas por nacionales de los Estados Unidos”, sino a quienes aporten personal técnico, asesor o colaboren de algún modo con la central nuclear de Juraguá, obra del actual gobierno cubano en colaboración con la Unión Soviética (EPD); a quienes establezcan con Cuba cualquier comercio en condiciones más favorables que las del mercado; donen, concedan derechos arancelarios preferenciales, condiciones favorables de pago, préstamos, condonación de deudas, etc., etc. Es decir, todo lo que proporcione al Gobierno Cubano “beneficios financieros que mucho necesita (…) por lo cual atenta contra la política exterior que aplican los Estados Unidos”. De modo que el planeta Tierra y sus alrededores quedan advertidos: Cualquier acción que contradiga la política exterior norteamericana hacia Cuba queda terminantemente prohibida. El resultado, hasta ahora, es que sólo dieciséis empresas han suspendido sus negocios con Cuba. ¿Razones? Helms y Burton no tomaron en cuenta que esas actividades económicas son también beneficiosas para los inversionistas. Como la primera ley del capital es la ganancia, la primera libertad democrática es la libertad de empresa, y el primer deber de un gobierno es defender a sus ciudadanos, y si son empresarios, más aún, la protesta ha sido unánime: la Unión Europea está dispuesta a dar batalla y prepara sanciones si al fin Clinton decide aplicar la ley tal cual; México y Canadá han elevado protestas formales; incluso la hasta ayer dócil OEA ha repudiado la ley, consiguiendo de rebote la solidaridad hacia el pueblo cubano (que, de un modo u otro, se convierte en apoyo al gobierno de Fidel Castro). En lugar de quedar “aislado el régimen cubano”, la ley ha conseguido aislar a Estados Unidos.

Está claro que Fidel Castro jamás aceptará las decisiones de una corte norteamericana, de modo que no será él quien pague las propiedades que expropió. ¿Quién las pagará entonces? Aunque la Ley Helms-Burton estipula que el presidente de Estados Unidos podrá derogarla una vez se democratice la Isla, las reclamaciones anteriores a esa fecha tendrán que ser satisfechas (incluso la voluntad de satisfacerlas es condición para que el nuevo gobierno sea aceptable); de modo que se da el contrasentido de que una ley dirigida contra Castro sólo afectará al gobierno de transición o al “democráticamente electo” que lo suceda ─justo el gobierno que, al menos teóricamente, propugna la ley─. Gobierno que no sólo heredará un país arruinado por el desbarajuste económico, sino también una deuda que no contrajo. A lo que se sumará la mediatización impuesta por las preferencias de Estados Unidos sobre el futuro político de Cuba. Aunque la ley Helms-Burton afirma “No dispensar ningún tratamiento de preferencia a persona o entidad alguna ni influir a su favor en la selección que haga el pueblo cubano de su futuro gobierno”, veta, de entrada, a los Castro, y, de salida, exige el levantamiento de interferencias a Tele y Radio Martí (lo lógico sería su desmantelamiento una vez concluida la beligerancia), que se convertirían en medios de propaganda electoral no sujetos a la equitativa distribución de espacios entre formaciones políticas que la propia ley exige a las futuras autoridades cubanas. Como si no bastara la diferencia “de león a mono amarrao” entre cualquier formación política que recién aparezca en la Isla y la solvencia de las formaciones políticas del exilio, en especial las que constituyen fuertes lobbies de presión en Washington. Si el propósito es fomentar el nacimiento de una democracia precaria, está muy bien pensado.

Al parecer, el famoso pragmatismo norteamericano falla cuando se trata de lidiar con Fidel Castro, superviviente del embargo y del desastre económico, del rechazo internacional, el descontento y el éxodo, incluso de la caída de la URSS. Lección clara: la ley del garrote sólo consigue incrementar el repudio mundial hacia una política incompatible con el derecho internacional (e ineficaz, de contra), y aunque el embargo (que la ley pretende recrudecer) haga más difícil la vida del cubano de a pie, su efecto político es contradictorio: en 37 años, cada presión no ha hecho sino consolidar al pueblo alrededor del líder y frente al enemigo externo. “Ahí viene el lobo”, grita la Caperucita Roja. Y el lobo viene, como si se hubieran puesto de acuerdo para comerse a la abuelita que hace la cola para el pan en La Habana Vieja. De modo que el embargo carga las culpas que le corresponden y todas las demás, de contrabando. Si alguna vez Estados Unidos comprendiera esto y levantara el embargo, la ineficaz burocracia cubana desfilaría en manifestación denunciando “esa nueva maniobra del Imperialismo”.

Pero me asombra más, incluso me aterroriza, que la comunidad cubana de Miami se decante abrumadoramente por la solución Helms-Burton; sabiendo ─no hay que ser muy perspicaz─ que con ley o sin ella, si a alguien faltará lo elemental no será a Fidel Castro, sino a mi hermana y a tus primos, cuyo único derecho es el de soportar el peso de la pirámide, para que ahora se le sienten encima Helms, Burton y un millón de exiliados. No importa cuántos mueran por falta de un medicamento o de una intervención quirúrgica (que en el último año se han reducido casi a la mitad). Es el castigo por haberse quedado en Cuba. El gobierno norteamericano, que —a mediano y largo plazo, obviemos ese cíclico interés cuatrienal por el exilio cubano— responde a sus intereses, puede pasar por alto esta pequeña circunstancia. Los cubanos, no. Si lo que se pretende es una Cuba mejor, libre y democrática (ningún político reconocerá lo contrario), deberán tener en cuenta algo que Tucídides ya sabía hace dos milenios: que la ciudad no son sus murallas sino sus gentes. Y los habitantes de la Isla serán los primeros en sospechar de quienes pretenden inmolarlos “por su bien”. Alguno ha afirmado que se trata de “alentar” a los cubanos a “derrocar la dictadura”. Una especie de “Sublevación o Muerte”. Solo que quienes instan al martirologio ya votaron con los pies y sólo lo verán por televisión.

“Duro oficio el exilio”, dijo Nazim Hikmet. Duro oficio el insilio, añadiría yo, pensando en los que permanecen en la Isla. Lo cierto es que para ninguna orilla de la cubanía han sido un lecho de rosas estos 37 años. Va siendo hora de que la política sea un acto de servicio; que el odio, la desconfianza y la revancha no sean el pavimento de nuestro destino. Que los nostálgicos se acostumbren a que la Cuba de 1958 y la de 1984, esas no volverán, como bien dijo Bécquer. Hora de preguntarnos con realismo: ¿Cuál sería el camino menos doloroso de Cuba hacia el futuro? Pero antes: ¿de qué futuro hablamos?

Obviamente, la ultracentralizada economía socialista, tal como se ha puesto en práctica, sólo genera ineficiencia. Y la distribución equitativa de la miseria ha resultado al cabo, más injusta. El teorema de una clase gubernamental que encarne y ejerza, sin control democrático, la voluntad popular, sólo ha servido de coartada ideológica a la autocracia. En cambio, la voluntad socializadora ha permitido índices educacionales y sanitarios propios del desarrollo.

La pregunta se completa: ¿Cuál sería el camino menos doloroso de Cuba hacia una sociedad democrática y una economía de mercado, atemperada por una política social que reduzca la distancia entre los más y los menos favorecidos? Respondamos por exclusión:

Aplicar a rajatabla las fórmulas neoliberales, aún cuando se implante por decreto una democracia representativa de corte occidental, no haría sino incurrir en la fórmula rusa: Hambre con democracia. Fórmula que en buena parte del Tercer Mundo ha demostrado su ineficacia, porque la primera democracia es la del pan.

Mantener el statu quo sería peor: Desde el desplome económico, que colocó al gobierno cubano entre la espada y la pared, es decir, entre el embargo y su propia ineficiencia, más que gobernar, han ejercido el equilibrismo sobre la cuerda floja del descalabro. Evitando introducir profundas transformaciones económicas (que pondrían en peligro el monopolio del poder político), han optado por vender en porciones la Isla (capitalismo para extranjeros que subvencione el socialismo para cubanos) y paliar la miseria mediante tímidas aperturas. Pero sin un plan coherente y a largo plazo. ¿Pruebas? En apenas cinco años, el gobierno ha contradicho reiteradamente su propio discurso: Desde la negativa rotunda al Mercado Libre Campesino, hasta su reapertura; desde “el capital extranjero sólo operará mediante empresas mixtas en cooperación con el Estado”, hasta empresas 100% extranjeras; desde las condenas a prisión por tenencia de dólares hasta su despenalización; desde la caza de jineteras hasta la admisión de que son “las más cultas del mundo” (FC, verbigracia); desde la prohibición de la pequeña empresa privada, hasta la proliferación del timbiriche ─aunque acosado hasta la asfixia por restricciones e impuestos; no así el inversionista extranjero, de quien depende que los niveles de miseria no alcancen el punto crítico de la desesperación─. Puras medidas de supervivencia cuya única lógica es la perpetuación del poder. Así se incumpla una verdad universal postulada por José Martí hace cien años: “Gobernar es prever”.

El terror a la aparición de una burguesía nacional, sumado a la acelerada venta del país al capital foráneo, es la mejor combinación para que un día los cubanos heredemos un país que no nos pertenezca. La negativa a cualquier fórmula democrática (por tímida y paulatina que sea), incluso al diálogo con la oposición más amable, sumado a un vago proyecto de sucesión dinástica que ya nadie cree viable, pueden producir, por un error de cálculo o tras la muerte del líder, un vacío de poder en que todo sea posible: desde un neo estalinismo tropical hasta la rebatiña entre facciones, el reparto del pastel en la piñata de la burocracia, la entrega incondicional al mejor postor, o la peor y menos probable: la confrontación civil. De modo que la perpetuación del statu quo resulta óptima para el cumplimiento del axioma: “Después de mi, el caos”. ¿Cuál sería entonces el camino menos doloroso…?

Una transición ordenada y rápida bajo la égida de Fidel Castro es pura ciencia-ficción. Salvo raras excepciones, ninguna autocracia se suicida.

Tampoco hay indicios de que las tímidas reformas transgredan lo indispensable para mantenerlo en el trono “hasta que la muerte nos separe”, y evitar otro agosto del 94, más peligroso mientras menos posibilidades tenga de abrir la balsa, perdón, la válvula de escape.

¿Queda alguna opción? Quizás. Aunque el riesgo de desnacionalizar la Isla deje de ser mera hipótesis; no quedaría otro camino que la inversión masiva de capital, precisamente lo que la nueva ley pretende evitar. La solución Breckenridge-Helms-Burton o la pasiva espera a una transición dictada por la necrología son soluciones infinitamente más penosas. ¿Y esas inversiones no apuntalarían al gobierno actual? A corto plazo, sí. Pero también aliviarían la dramática supervivencia de los cubanos que viven en la Isla, cuyo sufrimiento no puede ser la moneda con que se compre una presunta “transición democrática”. Y, a mediano plazo, cada empresa que se deslice a otro tipo de gestión demostrará la ineficacia de la economía estatal ultracentralizada al uso, debilitará los instrumentos de control del individuo por parte del Estado. La descentralización de la economía desverticalizará paulatinamente la sociedad, abrirá nuevos márgenes de libertad y concederá al pueblo cubano una percepción más universal, más abierta, una noción más clara de sus propios derechos, o de su falta de derechos, en contraste con los que se otorgan al extranjero en su propia tierra; desmitificando el camino trazado desde arriba como el único posible. Amén de que la dinámica del capital exigirá nuevos espacios, nuevas aperturas.

Y a esta reflexión no es ajeno el gobierno cubano, de ahí que le infunda más pánico la inversión (descentralizadora) que el embargo (aglutinador) y sólo muy cautelosamente la vaya permitiendo. Aunque más teme toda iniciativa privada de los cubanos, porque el dueño de una paladar contrae, con su independencia económica, el germen de su independencia política.

A fines de los 70, cuando los cubanos de Miami recién llegados a La Habana abrieron sus maletas, demolieron veinte años de propaganda. Hoy, los turistas y los empresarios extranjeros corroen más que cualquier embargo las doctrinarias exhortaciones al sacrificio. Muchos empiezan a sospechar que el porvenir no queda hacia delante, por la línea trazada que se pierde más allá del horizonte y cuyo destino es por tanto invisible, sino hacia el lado. Más al alcance de la mano.

En La Habana, ciudad que por falta de mantenimiento constructivo e inversión inmobiliaria puede ser declarada inhabitable en un 50% a fin de siglo, se invierte el cemento en una red de refugios antiaéreos (“Ahí viene el lobo”, de nuevo). Pero el gobierno sabe que no hay refugio posible si el bombardeo es con dólares. Helms y Burton todavía no se han enterado.

“De cómo el lobo feroz se hizo cómplice de la Caperucita Roja”; en: Encuentro de la Cultura Cubana, n.º 3, invierno, 1996-1997, pp. 31-37.