Cubanos de alquiler

19 10 2011

Hasta finales de los años 70, todo cubano que emigraba sabía que el regreso a la isla le estaba vetado in saecula saeculorum. Por entonces, los cubanos eran, exclusivamente, mercancía política: en buen estado si permanecían en el almacén insular, defectuosa una vez exportada.

Tras las conversaciones con la emigración, los gusanos salieron de sus crisálidas convertidos en flamantes mariposas, se abrió el banderín de los retornos y fluyeron hacia la Isla hijos, padres, primos y sobrinos, y maletas, muchas maletas con un muestrario de bisutería capitalista que demostró en pocos meses su capacidad erosiva sobre la granítica ideología revolucionaria. Algo que podría predecir cualquier pichón de geógrafo cuando la pelea es entre el agua blanda y la dura piedra. Siempre ha sido más fácil hacerse un vestido con una pieza de tela que con una pieza de oratoria.

Nos habían repetido que en Miami la condesa lavaba platos y el doctor fregaba carros. Cuando ambos aparecieron con todo lo que el ministerio de Comercio Interior no pudo suministrar durante dos décadas, comprendimos que en el más allá las tareas de limpieza se retribuían con largueza.

Hasta hoy, se ha mantenido a los cubanos el carácter de mercancía política. Al derecho de admisión, habitual en muchas discotecas, el gobierno de la Isla añade el derecho de emisión y el de desplazamiento, incluso dentro de las fronteras, de modo que ha aparecido una figura sui géneris: el no inmigrante ilegal, al que se caza en La Habana o Varadero para devolverlo a su hábitat original en las provincias orientales, posiblemente por razones ecológicas, para no alterar la biodiversidad.

El derecho de admisión se mantiene mediante la “habilitación” del pasaporte (a los cubanos que ellos consideren admisibles) y la in-habilitación de los restantes. Y la emisión de cubanos es también discrecional, aunque “la política de la Revolución, si alguien quiere salir de nuestro país para otro país, si le dan permiso de entrada en ese otro país, es autorizarlo a que salga. Nuestro país no prohíbe que ninguna familia emigre, porque construir una sociedad revolucionaria y justa como el socialismo es una decisión voluntaria y libre” (Fidel Castro; 23 de diciembre de 1999, cuando clamaba por la vuelta de Elián González). Pero ya se sabe que para Castro los conceptos de “libre” y “voluntario” no tienen el mismo significado que para la Academia de la Lengua. Basta recordar el caso del físico Luis Grave de Peralta Morell, preso de conciencia condenado a trece años y deportado tras cuatro años de prisión. Sus hijos y su esposa, a pesar de contar con un visado norteamericano, no fueron autorizarlos a viajar durante años. Cumplieron íntegra la pena que a su padre le fue conmutada gracias a los buenos oficios del congresista demócrata Bill Richardson. O el ya habitual veto que se impone a los viajes de Oswaldo Payá, Yoani Sánchez, Elizardo Sánchez Santa Cruz y otros opositores, e incluso a los que no lo son. Cuando España organizó el encuentro de narradores «La Isla Entera», el gobierno cubano negó el permiso de salida a una decena de narradores, de modo que el encuentro fuera “La Media Isla”.

El 28 de agosto de 2000, la secretaria de Estado Madeleine Albright hizo pública una relación de las 117 personas a las que en apenas dos meses y medio Cuba había prohibido viajar, aun  teniendo visado norteamericano, y denunció que a los cubanos, con ingresos anuales de 144 dólares, el gobierno les exigiera un impuesto de salida de 500. De ello se deduce el alto valor que conceden las autoridades de la Isla a la huida, como quien vende salvavidas a sobreprecio en medio de la mar picada.

La Constitución de la República de Cuba de 1901 estipulaba en su artículo 29 que “Toda persona podrá entrar en el territorio de la República, salir de él, viajar dentro de sus límites, y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigración, y las facultades atribuidas a la autoridad en caso de responsabilidad criminal”. Y en su artículo 30, que “Ningún cubano podrá ser expatriado ni a ninguno podrá prohibírsele la entrada en el territorio de la República”. Lo cual será refrendado por la Constitución de 1940.

En su artículo 32, la Constitución de 1992 establece que “Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana”.

De modo que todos los que hemos adquirido otra nacionalidad, deberíamos ser despojados automáticamente de la cubana. En su defensa, el gobierno cubano podría declararse incapaz de conocer cuáles de sus dos millones de exiliados se han convertido en norteamericanos, españoles o suecos. Pero hay pruebas de lo contrario. En la revista Encuentro de la Cultura Cubana se publicó un excelente texto sobre el caso de un ciudadano cubano que adquirió en la Isla la nacionalidad española y, en estricta interpretación de la Constitución, solicitó que le fuera extraída la nacionalidad cubana, como una muela sin posibilidad de empaste. Había sopesado las ventajas de ser extranjero y residir en Cuba. Tras meses de silencio, y ante la insistencia de su abogado, un viceministro del MINREX le respondió que la ciudadanía española le había sido concedida por una “potencia extranjera” y que el gobierno cubano, en nombre de la soberanía nacional y la autodeterminación, se negaba  a emprender cualquier tipo de acción bajo la presión de una decisión unilateral de una “potencia extranjera” (reiteración incluida).

En realidad, lo que justifica que el gobierno de la Isla viole su propia constitución es que los cubanos somos su mercancía, y no sólo política. Ignoro qué evento trascendental ocurrió el 31 de Diciembre de 1970, pero quienes emigraron antes de esa fecha son los únicos autorizados a regresar con pasaportes exóticos, después de pagar 105 € por la “habilitación” (se infiere que hasta entonces malvivían inhábiles) y el permiso de entrada. El resto, estamos condenados a adquirir a sobreprecio un pasaporte de 180 € (y otros 180 € en prórrogas), que en Estados Unidos asciende 370 US$  más prórrogas, como se constata en la página de la Sección de Intereses de Cuba en Washington (http://www.cubadiplomatica.cu/sicw/ES/ServiciosConsulares.aspx), donde se clama por la libertad para los cinco, cuando estadísticamente sería más justo exigir la libertad de los trece millones.

 Si usted se acerca a un consulado cubano, encontrará un listado de precios:

Carta de invitación 175 €

Permisos humanitarios de regreso definitivo 135 €

Permiso de Residencia en el Exterior (PRE) 80 €

Poder para salida de un menor 125 €

Legalización y certificación de nacimientos, matrimonios, defunciones (100 € por documento)

Transcripción a Cuba de nacimientos y defunciones 100 €

Transcripción de matrimonio a Cuba175 €

Documentación para casarse en Cuba: Solteros, 200 €; divorciados, 300 €; viudos, 400 €. Más 125 € si se casa por poder. Y 110 € por la certificación y legalización del certificado de matrimonio español.

Etcétera. Etcétera.

A juzgar por los precios, todo consulado cubano ha sido bendecido con una estrella Michelín. No hay menú del día ni platos combinados.

Pero posiblemente el más humillante de esos “impuestos revolucionarios” (como llamaba ETA a sus extorsiones a los empresarios españoles) sean las prórrogas de permiso de viaje al exterior (PVE). Después de pagar carta de invitación, pasaporte, permiso de salida, visado y billetes de avión, usted recibe por fin a su padre o a su madre en el aeropuerto. Pero no se engañe. Usted disfruta de sus padres en régimen de alquiler. Por ese concepto deberá pagar 40 € mensuales al gobierno cubano a partir del primer mes. 150 US$ en Estados Unidos. Hasta un tope de once meses, momento en que ese Estado considera que “el que fue a Sevilla perdió su silla” y expropia a su padre casa, muebles, carro y le expropia la patria negándole el derecho a regresar. Hipotecada la vida del ciudadano, en caso de impago, el Estado acreedor procede a la incautación de bienes y derechos.

Tucídides afirmaba que la ciudad no son sus murallas, sino sus habitantes. Y los Castro se percataron de inmediato que no bastaba ser propietarios  de las tierras y mares adyacentes, las fábricas y las casas. Como propietaria de todos los cubanos, la aristocracia verde olivo podía votar, decidir e incluso vivir en su nombre; enviarlos a guerras lejanas y reducirlos a menores de edad perpetuos o incapacitados permanentes que deberán ser representados. “Fidel es nuestro papá”, dijo en cierta ocasión no sé si Robertico Robaina o Felipito Pérez Roque, ambos castigaditos por su mala conducta. Y un padre, como afirmaba Pablo Neruda en su “Oda a Stalin”, suele castigar a los desobedientes: “Stalin alza, limpia, construye, fortifica, preserva, mira, protege, alimenta, pero también castiga. Y esto es cuanto quería deciros, camaradas: hace falta el castigo”.

Los italianos tienen un curioso eslogan: “Intenta vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos”. Y nadie como los Castro lo ha puesto en práctica. Malgastaron en un decenio la economía saneada que heredaron en 1959 de sus padres; disfrutaron durante treinta años la suculenta mesada del padrecito soviético, y desde los 90 intentan vivir de sus hijos. Para ello han actualizado una tecnología del siglo XVII. Por entonces, aunque alguien no dispusiera de hacienda ni de fábrica donde colocarlos, podía adquirir un par de esclavos y “echarlos a ganar”. Como peón, carpintero, pescador o puta, el esclavo conservaría lo indispensable para su sostén y entregaría al dueño la plusvalía. Médicos, entrenadores, militares y marinos han sido “echados a ganar” por los caminos del mundo, bien sujetos a la Isla por una cadena invisible de rehenes filiales. “No podrán otorgar carta de invitación los ciudadanos cubanos que se encuentren cumpliendo misiones oficiales o contratos de trabajo”, reza una advertencia en las páginas de los consulados cubanos. Y añaden que quien deserte “no podrá viajar a Cuba, transcurridos 5 años desde la fecha de su salida del país”, y tampoco recibirán autorización para reunirse con el prófugo sus familiares, los rehenes. El mono habrá escapado, pero la cadena es propiedad del Estado. También en la Isla se ha “echado a ganar” en las corporaciones extranjeras a muchos cubanos. Incluso las putas por cuenta propia son expoliadas indirectamente por el Estado a través de policías y funcionarios, proxenetas del Materialismo Dialéctico. Fidel Castro se encargó personalmente del marketing al calificar a las jineteras insulares como “las más cultas del mundo”, como si los putañeros del universo acudieran a la Isla a disfrutar las bellas artes de la conversación.

Destruida la industria azucarera, arruinados los cafetales y renqueantes las fábricas soviéticas, obsoletas de nacimiento, la exportación de carne ha pasado a ser la primera industria de la Isla, algo que haría las delicias de los caníbales de Papúa-Nueva Guinea: se exporta carne humana en su envase original (100% natural, sin conservantes ni colorantes). Cubanos de bajo coste que permiten al buró político del alzheimer continuar viajando por la vida en primera clase.

La diferencia con el siglo XVII es que por entonces el esclavo podía ahorrar para comprar su libertad y disponer entonces del fruto íntegro de su trabajo. De momento, la legislación laboral cubana no contempla la manumisión entre los derechos de la clase trabajadora. La única alternativa es el exilio. Y entonces opera la cadena invisible del amor filial: remesas mediante, el exilio cubano está condenado a una práctica que aterraría a los dicharacheros italianos: mantener a sus hijos en el continente y a sus padres en la Isla, y sacarlos de vez en cuando a tomar el fresco del planeta, por 40 € mensuales, el alquiler fijo de un cubano, sin rebajas en temporada baja ni descuentos a los clientes habituales.

 

“Cubanos de alquiler”; en: Cubaencuentro, Madrid, 19/10/2011. http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/cubanos-de-alquiler-269265





Playing for Change

11 10 2011

Frente a una tienda Old Navy, Roger Ridley, músico callejero de Santa Mónica, interpretaba aquel día de marzo de 2005 uno de sus temas favoritos, Stand By Me. Pero no fue un día cualquiera. Mark Johnson, un joven productor e ingeniero de sonido, decidió grabarlo, y en ese momento, casi sin darse cuenta, comenzó a tejer una red mundial de pura música.

Mark Johnson viajó a New Orleans, Amsterdam, Barcelona, Pisa, New Mexico, Toulouse, Rio de Janeiro, Moscú, Caracas, El Congo y Sudáfrica, y allí fue compilando sobre la grabación original la percusión de Twin Eagle Drum Group, Junior Kissangwa Mbouta y Django Degen en las tumbadoras, la tabla de Washboard Chaz, la pandereta de François Viguié; las guitarras de Cesar Pope, Roberto Luti, Geraldo y Dionisio; el chello de Dimitri Dolganov; el saxo de Stefano Tomaselli; el bajo de Pokei Klaas; el sonido africano en las voces de Vusi Mahlasela y el coro Sinamuva; la cavernosa voz y la armónica de Gradpa Elliot, y el extraordinario timbre de Clarence Bekker. En la producción final, la percusión de los nativos americanos se empasta con la batería de un congolés, los sonidos del blues y del cajun dialogan con los coros sudafricanos y el jazz en el saxo de Tomaselli, o el chello sinfónico de Dolganov. Como si todo el planeta hubiese comenzado a interpretar la misma canción al mismo tiempo. El resultado: en mayo de 2011, 31 millones de usuarios ya habían visto el video en Youtube.

Desde entonces, el proyecto se ha ampliado. Songs Around the World incluye, además de Stand By Me, de Ben E. King; One Love y War: No More Trouble, ambas de Bob Marley; Don’t Worry, de Pierre Minetti, y Chanda Mama, de Ananda Giri y Enzo Buono. Mark Johnson ha recorrido la India, Nepal, Mali, Irlanda, Miami, La Habana, Santiago de Cuba, Maipú, Buenos Aires, Tel Aviv, Lisboa, Zimbawe, París, Livorno, y muchas más que harían de esta relación una tediosa clase de geografía. Y ha conseguido la colaboración de más de cien músicos aficionados y profesionales, desconocidos y famosos, entre ellos Felipe Carmona, Keb Mo, Vusi Mahlasela, Bono, The Omagh Community Youth Choir, Tal Ben Ari (Tula), Rajhesh Vaidhya, Pierre Minetti, Manu Chao y Carlos Vives.

Playing for Change, fundación nacida en 2007, es ya un gran proyecto global multimedia que intenta concretar sus esfuerzos por un diálogo global entre culturas a través de la enseñanza musical, y se dedica a la construcción de escuelas de música en todo el planeta: tres en Nepal, y cuatro en Sudáfrica, Ghana, Mali y Rwanda.

Que la música, y el arte en general, son universales y traspasan fronteras, lenguas e ideologías, no es nada nuevo. África está en Picasso como el son cubano en Gershwin y África en el son. Unir bajo una misma batuta a músicos distintos, distantes e incluso enemigos, tampoco. Lo hizo con su Orquesta del Diván Este-Oeste, donde se agrupan músicos israelíes, árabes y españoles, el judío-argentino Daniel Barenboim, en colaboración con el escritor palestino-norteamericano Edward Saíd. Lo han hecho Peter Gabriel y Paul Simon. Pero Playing for Change ha aprovechado dos globalizaciones: la de los lenguajes musicales, y la globalización de internet que ha colocado sus videos más allá de cualquier frontera, de ahí sus resonancias, de modo que al formar la Playing For Change Band, integrada por músicos de todo el mundo, sus conciertos en numerosas ciudades han sido llenos completos.

En la página de la fundación reiteran la “convicción de que la música desarma las fronteras y nos ayuda a superar nuestras diferencias. Independientemente de nuestros orígenes geográficos, políticos, económicos, espirituales o ideológicos, la música tiene el poder universal de unirnos como habitantes de un mismo planeta”. Dicen que la música amansa a las fieras, aunque ahora mismo me asalta la imagen de Adolf Hitler, melómano confeso, asiduo de los festivales de Bayreuth, conmovido en el Nido del Águila mientras escucha Tristán e Isolda (aunque la banda sonora del nazismo fuera El anillo del Nibelungo). Será por eso que entre Wagner y Julio Iglesias me quedo con Benny Moré.

En cualquier caso, una de las grandes virtudes de la globalización ha sido convencernos (mediante las aerolíneras de bajo coste) de que no somos tan distantes, ni, en el fondo, tan distintos como intentan hacernos creer los nacionalismos de bajo coste y las ideologías al servicio de los productores ejecutivos que pretenden dictar el guión de nuestras vidas.

Y hay pruebas. Si visitan en You Tube, entre una docena de nuevos videos,  el de Satchita, comprobarán que un bossa nova que comienza en Rio de Janeiro puede continuar en Cabo Verde y La Habana, pasar por Jamaica, Santiago de Cuba y Buenos Aires, entrarle en tiempo de rumba en Almería, bailarlo con pasos flamencos en Cádiz y terminar en una playa de la India, como si el propio Visnú se uniera a la fiesta.

 

“Playing for Change”; en: Cubaencuentro, Madrid, 11/10/2011. http://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/playing-for-change-269196

 

 





Las virtudes de la crisis

27 09 2011

Hace poco llegó un amigo de Cuba y al día siguiente acudimos a la calle Cardenal Cisneros, donde se alinean las mejores cervecerías de Madrid. Cada una con su propia personalidad, su carta más o menos extensa de abadías belgas y alemanas, y todas llenas a rebosar de parroquianos enarbolando sus copas y sus jarras. ¿Y ésta es la famosa crisis?, preguntó mi amigo. Trabajo me costó explicárselo entre el estruendo de las conversaciones, pero sí, esta es la crisis, aunque a veces no lo parezca. Sobre todo viniendo de Cuba, instalada en una crisis permanente, y donde la asidua lectura del diario Granma sugiere al viajero que encontrará en la Puerta de Alcalá una legión de famélicos parados que engrosarán en breve los campos de refugiados de La Castellana.

Aunque no sea la que el Granma sugiere, la crisis existe, sobre todo para los 4.910.200 de parados españoles que en el primer trimestre de 2011 sitúan la tasa de desempleo en el 21% de la población activa. Miles de familias han perdido sus casas al no poder hacer frente a las hipotecas y millones de personas han reducido drásticamente sus expectativas desde que en 2007 la crisis hipotecaria en Estados Unidos dio el pistoletazo de salida a la que ya es una crisis global, sobre todo desde el desplome mundial de las bolsas en 2008.

Tras la caída del comunismo entre 1989 y 1991, nos han repetido que el modelo de capitalismo globalizado en boga es lo más sublime para el alma divertir, y que nuestra única función es consumir desaforadamente para mantener en movimiento la maquinaria económica. Las virtudes que contribuyeron a crear en Occidente y Japón los grandes polos de desarrollo –abnegación, ahorro, laboriosidad, disciplina, educación, honradez, perseverancia, prudencia, responsabilidad— pasaron de moda. El ahorro fue sustituido por el despilfarro; la prudencia, por el consumismo; la honradez, por la malversación y lo que en España llaman la cultura del pelotazo: enriquecimiento relámpago a costa de lo que sea. Ante la oferta de trabajos bien pagados, muchos jóvenes abandonaban sus estudios (su futuro) para poder disfrutar (ahora, hoy mismo) de coche nuevo y las mejores etiquetas en sus jeans. Las familias incurrieron en hipotecas que rozaban sus límites de solvencia. La ingeniería que construye máquinas y puentes perdió protagonismo ante la ingeniería financiera que empaquetaba hipotecas basura y valores dudosos en papel de regalo y los vendía y revendía sabiendo que algún día se abriría el precioso envoltorio y los incautos descubrirían una burbuja de aire, pero ya por entonces las ganancias estarían a buen recaudo. La codicia fue enaltecida como un nuevo modelo de sabiduría. Más nos valía ser listos que inteligentes.

Nos convencieron de que no había nada de qué preocuparse. Los estados no tenían que intervenir. El mercado, regido por los gurús de las finanzas, se regulaba solo. Las agencias de calificación –Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch– y los grandes gabinetes asesores –Ernst and Youg, Accenture, Deloitte, McKinsey, Boston Consulting Group, KPMG— velaban por nosotros.  Tanto, que no fueron capaces de prever ni la caída de Lehman Brothers. Pero cuando se hubo consumado la catástrofe, los mercados y los bancos clamaron por la intervención de quienes antes no tenían que intervenir: los estados, es decir, el dinero de los contribuyentes. En nuestro nombre se inyectaron billones a los bancos para evitar la quiebra del sistema. Y los bancos, tan solidarios como de costumbre, no convirtieron esa liquidez en créditos a la pequeña y mediana empresa para reactivar la economía, sino en inversiones de alta rentabilidad que multiplicaran sus ganancias. Y en eso estamos. Inmersos en un sistema global en que, al menos en los países democráticos, los ciudadanos votan a los líderes que una vez electos serán gobernados por los mercados o, en el mejor de los casos, gobernarán más atentos a las agencias de calificación y los vaivenes de la bolsa, que a sus electores. El resultado de esa espiral enloquecida es que, al tiempo que se desploman los ingresos de la mayoría, crecen y se consolidan las grandes fortunas, como si los pobres subvencionaran a los ricos. Incluso a nivel global. China y Brasil salen al rescate de la deuda europea ante el temor a quedarse sin clientes.

Pero la crisis también tiene sus virtudes.

Una generación que parecía adormilada entre el hedonismo y el desinterés, sale a la calle indignada. El movimiento 15M, que se ha replicado en toda Europa, exige la puesta al día de valores olvidados: igualdad, progreso, solidaridad, sostenibilidad ecológica y desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas; el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y contra una “dictadura partitocrática” que, según ellos, no nos representa. Apuestan por una democracia más demos y menos crática, sustentada en la universalidad de la palabra, la opinión y la participación, gracias a las nuevas tecnologías.

La sociedad cobra conciencia de las malas políticas económicas, la falta de regulaciones, escasa supervisión y la ilimitada codicia e irresponsabilidad financiera a costa del bien ajeno. Se exige el cese de la impunidad, de la delincuencia política y financiera, y ya se ha sentado en el banquillo, acusado de negligencia grave, el ex primer ministro islandés Geeir H. Hardee. Pero deberían ser muchos, muchos más.

Aunque la globalización es ya imparable, habrá que replanteársela en otros términos, en particular en lo que respecta a la coordinación entre los estados para el control y la supervisión de la economía financiera y la abolición de los paraísos fiscales. Derivar la economía productiva hacia la economía financiera –en Estados Unidos ella constituye el 8,5% del PIB y un 30% de los beneficios— puede ser tan peligroso como caminar sobre un pavimento de humo. La riqueza de los países no proviene de la prestidigitación financiera, sino de la innovación y el trabajo. Los ingenieros de máquinas y puentes deberán recuperar protagonismo frente a los ingenieros de nubes. Y recordar a Albert Einstein cuando enunció que “el pensamiento que ha creado la crisis no puede ser el mismo que va a solucionarla”.

Se cobra conciencia de que un modelo basado en una espiral de consumismo y sobreendeudamiento progresivo es, simplemente, insostenible. Grecia, Portugal, Italia y España son testigos. Y Estados Unidos, donde la transferencia de la deuda privada hacia la deuda pública elevará el endeudamiento del Estado a un 80% de su PIB. Puede que esto sirva para regresar a la antigua virtud del ahorro desde las familias hasta los países. Y eso puede derivar en el restablecimiento de las dinámicas a largo plazo en las decisiones económicas frente a la mentalidad del aquí y ahora y la cultura del pelotazo.

Si no lo hacen los poderes financieros, los estados tendrán que imponer al capital normas y valores más allá de la pura codicia. El resultado último de la evolución es el hombre, no el dólar. Schumpeter y Hayek ya enunciaron que la economía también tiene que sustentarse sobre valores, más allá de los tipos de interés.

La explosión de la burbuja inmobiliaria, que ha dejado a media España en el paro –se construía como si todos los jubilados del continente se fueran a mudar a la península–, también tiene sus lados buenos. Y no son pocos. Con el aumento del desempleo, muchos inmigrantes han regresado a sus países con sus indemnizaciones, transfiriendo no sólo capital, que ya está fomentando el desarrollo, sino experiencia. Aumenta la tendencia de los jóvenes al alquiler de viviendas, no a la compra, lo que favorece la movilidad laboral. El abaratamiento de la vivienda podría redundar en un incremento de la natalidad, lo que a su vez contribuiría al mantenimiento del sistema de pensiones. Y, sobre todo, la explosión de la burbuja demuestra que España está obligada a reconsiderar su modelo de desarrollo, que no puede descansar en el turismo y el ladrillo, sino en la sociedad del conocimiento. Y a eso contribuye el que, ante la escasa oferta laboral, muchos jóvenes que habían abandonado sus estudios, reingresan en procesos de formación y se recalifiquen.

Pero no es la única burbuja que ha estallado con la crisis. La burbuja del neoliberalismo como verdad suprema también se ha desvanecido. El mundo está abocado a una economía más racional y tangible, basada en la producción y el consumo responsable. Y junto a ésta, la burbuja mediática y política de los vendedores de ilusiones. O la burbuja de una buena parte del “arte contemporáneo” –ya Sotheby’s ha tenido dificultades para concluir muchas de sus subastas–, al no representar valores seguros, valores refugio para la riqueza desmedida de una oligarquía mundial. Posiblemente el arte de los próximos años valore más el virtuosismo, la imaginación y las ideas que el exabrupto snob.

También los modelos de negocio han evolucionado con la crisis. No sobrevive el más fuerte ni el más grande, sino el que mejor se adapte y evolucione con racionalidad ante las nuevas circunstancias: innovación, contención del gasto, mejor relación calidad/precio, productividad y una atenta observación de las necesidades del cliente.

La crisis tiene, incluso, sus virtudes ecológicas. El consumo responsable comienza a sustituir la filosofía del usar y tirar. Se racionaliza el empleo de los recursos. Se acelera la carrera por las energías renovables (basta visitar los últimos salones del automóvil). Se recicla con más entusiasmo y, ante la imposibilidad de perpetuar el plan renove de elecrodomésticos y automóviles, ha reaparecido en los diccionarios una palabra olvidada: reparar.

Y la ecología social: Se racionaliza la proliferación de funcionarios e instituciones redundantes o simplemente innecesarias que proliferaron alegremente al amparo de los contribuyentes. Aunque aún distamos de poner coto al despilfarro de políticos.

Alejo Carpentier ya observaba que los siglos no se ajustaban exactamente al calendario y que, por ejemplo, el siglo XIX había comenzado con la Revolución Francesa y el siglo XX con la Revolución de Octubre. Desde esa perspectiva, el siglo XXI comenzaría con la caída del muro de Berlín, aunque muchos cifran ese inicio el 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas. Pero este siglo XXI debería comenzar el 15 de septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, cuando empezamos a preguntarnos si este es el modelo de sociedad que deseamos legar a nuestros hijos.

 

“Las virtudes de la crisis”; en: Cubaencuentro, Madrid, 27/09/2011. http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/las-virtudes-de-la-crisis-268621





La lentitud confortable

13 09 2011

Degustar un Yoichi 20 años, fabricado por Nikka, es una experiencia memorable. Un whisky cargado de matices –violetas, cuero, tabaco, grosellas— que abandonan en el paladar una larga memoria de las excelentes aguas de Hokkaido y de la turba purificadora en sus suelos. No por casualidad fue elegido en 2008 el mejor single malt en el World Whisky Awards, desbancando por primera vez a un whisky escocés.

Ese sabor se lo debemos a Masataka Taketsuru (1894–1979), un joven que tomó clases de química orgánica en la Universidad de Glasgow en 1919 y, posteriormente, trabajó en varias destilerías escocesas. En 1920 regresó a Japón cargado de cuadernos donde fue anotando el proceso de producción, y allí comenzó a trabajar para la destilería de Shinjiro Torii, creando en 1934 su propia empresa, Nikka, en Hokkaido, la Escocia japonesa.

De haber nacido en el Japón tradicionalista y hermético de la primera mitad del siglo XIX, el empeño innovador de Masataka Taketsuruno no habría fructificado; pero coincidió con la apertura del país a las nuevas tecnologías que convirtió a Japón en una potencia de primer orden. El país comprendió que no se trataba de reinventar la rueda, sino de adaptarla a su entorno. Ni de importar bisuterías de consumo, sino de estudiarlas, mejorarlas y producirlas con una eficiencia óptima. Treinta años después de los hermanos Wright, Japón fabricaba el Mitsubishi A6M, Zero, uno de los mejores cazas de la época.

En su libro Armas, gérmenes y acero: breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años (Debate, 2006), Jared Diamond ofrece la explicación más convincente de por qué la humanidad se ha desarrollado diferencialmente en distintas regiones. Revela las causas objetivas de que en Mesoamérica y Los Andes surgieran las grandes civilizaciones americanas, y no en la Patagonia o en los Grandes Lagos. Y las razones geográficas, biológicas y climáticas gracias a las cuales las culturas de Eurasia y del Creciente Fértil han dominado el mundo durante los últimos milenios: la disponibilidad de animales y plantas domesticables y de alto rendimiento, pero, sobre todo, la posibilidad de expandir tecnologías, cultivos y ganado en un eje paralelo (y no meridiano, como en América o África) con franjas climáticas semejantes.

Gracias a ello, un puñado de conquistadores españoles vencieron a los imperios maya, azteca e inca, no porque fueran seres superiores, sino porque, entre otras razones, venían armados con acero (facturado por primera vez en India, Sri Lanka y China, donde también se inventó la pólvora) y sobre caballos que fueron domesticados por vez primera en Asia Central. Anotaban sobre papel (de origen chino) sus experiencias, mapas y conquistas gracias a una escritura muy perfeccionada a partir de sus orígenes babilonios. Y, sobre todo, venían armados con gérmenes contra los cuales los eurasiáticos se habían inmunizado a lo largo de milenios. Los americanos carecían de anticuerpos. Cómputos recientes demuestran que la gripe, la viruela, el sarampión, el tifo y la influenza fueron los grandes genocidas de la conquista.

Karl Marx realizó en su momento el análisis más exhaustivo del capital, pero pecó de escolástico al conferir a sus leyes de la dialéctica un carácter universal e inmutable. A ellas debía someterse, a las buenas o a las malas, la naturaleza y la historia. Y su Materialismo Histórico –determinista, eurocentrista y racista, entre otras istas–, intenta embutir en la horma europea el devenir histórico de toda la humanidad, sin considerar la historia como la compleja interacción entre múltiples procesos, no un mero resultado de la lucha de clases. De ahí que las sociedades construidas a punta de bayoneta como modelos más o menos (in)fieles a sus tesis hayan demostrado su caducidad histórica.

Jared Diamond, biólogo y biogeógrafo, profesor de la Universidad de California, parte de los datos objetivos e intenta explicar los hechos probados mediante razones comprobables. China, la gran potencia tecnológica del primer milenio, se subdesarrolló tras impermeabilizarse a lo nuevo y confinarse dentro de sus fronteras en una suerte de endogamia histórica. Lo contrario que Japón cuando a mediados del XIX asimiló el acervo tecnológico de Occidente. O la gran cultura islámica, dueña de la sabiduría medieval, que caducó tras imponer la transmisión de la fe sobre la transmisión del conocimiento.

El libro de Diamond hace referencia a un caso singular, el de Tasmania, una de las sociedades más primitivas del planeta a inicios del siglo XX. Unida a Australia mediante un puente de tierra durante milenios, hacia ella migraron las tecnologías australianas, según demuestra el registro arqueológico. Sumergido el puente, bastó que una epidemia o una guerra mataran a los artesanos de una aldea para que dejara de fabricarse el bumerang y otros instrumentos, y la comunidad fuera sumiéndose en una economía cada vez más precaria, sin posibilidad de reactivación tecnológica por transmisión. Por el contrario que en Eurasia, estaban condenados a reinventar, una y otra vez, la rueda.

Cuba es un caso singular de aplicación de las tesis de Jared Diamond. Exterminada en su casi totalidad la población autóctona por los gérmenes y el acero de la conquista, la isla, extensión occidental de la cultura occidental, adoptó rápidamente la ganadería europea, la caña de la India y el café etíope, pero también las tecnologías navales más avanzadas. Más tarde aprovechará, desde inicios del siglo XIX, el estrecho puente de mar que la separa de una de las sociedades más innovadoras, la norteamericana. De modo que la colonia dispone de ferrocarril antes que la metrópoli y crea durante el XIX una industria, especialmente la azucarera, de tecnología punta, al tiempo que se forma una clase empresarial y una tecnocracia capaces de operarla eficazmente, algo que se acelera y diversifica tras la independencia, durante la primera mitad del siglo XX.

Con todas las objeciones que pueda, justamente, hacérsele –inestabilidad política, diferencia entre la ciudad y el campo, monocultivo, corrupción, etc.–, aquella era una sociedad en crecimiento, ágil en la implantación de las novedades tecnológicas, y que se encontraba en proceso de diversificación –tabacalera, industria ligera y textiles, alimentaria, transporte, minería, metalurgia, entre otras–, gracias a contar con un creciente sector de personal altamente calificado. Como en el Japón de Masataka Taketsuru, no se trataba de importar bisutería norteamericana, sino de realizar producciones propias ajustando la tecnología a las condiciones y posibilidades locales.

La revolución de 1959 cortó el puente marítimo con la capital tecnológica del siglo XX y estableció un puente transoceánico con la Tasmania soviética, de donde comenzamos a recibir hachas de piedra y otras tecnologías obsoletas. El proceso de desmantelamiento de la economía precedente concluyó, en lo esencial, con la Ofensiva Revolucionaria y la Zafra de los Diez Millones. Los artesanos de la aldea no perecieron en guerras o epidemias. Se exiliaron masivamente en menos de un decenio.

Entre 1968 y 1989, la aristocracia verde olivo disfrutó su Edad de Oro. Eliminada la competencia y abolida la sociedad civil y la prensa libre, dueños absolutos del poder político y económico, la nueva oligarquía, subvencionada por razones geopolíticas, no tenía siquiera que ser eficiente. El sueño dorado de cualquier dictadura. Sin inquietud por la opinión pública, la prensa o la oposición, abolida la inquietud electoral, podían dedicarse impunemente a juegos de guerras y guerrillas o a la prestidigitación económica: vacas como elefantes que harían correr ríos de leche, zafras que inundarían de azúcar el planeta, café caturra, arroz, naranjales estudiantiles. Cada desastre era el prólogo, a golpes de consigna, de un nuevo milagro que nos colocaría a la cabeza del universo. Mientras, bajo el manto de una presunta planificación modelo GOSPLAN, se echaron al olvido palabras obsoletas propias del ancien régime: contabilidad, fiscalidad, rentabilidad, auditoría, control de gastos y resultados, facturación, beneficios, eficiencia.

Posiblemente la gerontocracia criolla recuerde hoy con nostalgia aquellos años felices cuando era mayor su esperanza de (buena) vida.

Ahora la supervivencia obliga a reinventar a trompicones la empresa privada (pero si incentivos fiscales, ni apoyo financiero, ni mayoristas); se entregan tierras en usufructo sin insumos ni banco agrícola y con trabas a la producción y la comercialización; se reinstauran la contabilidad y el control de gastos y resultados; se impone un sistema fiscal que abrume adecuadamente a los pequeños empresarios; palabras como rentabilidad, facturación, beneficios y eficiencia se rescatan de los viejos diccionarios. Y las auditorías, como un ras de mar, amenazan a los jerarcas que habitan al nivel del mar. Difícilmente la marea suba hasta las altas cumbres.

Lo más llamativo para los expertos es la lentitud y los reiterados “errores” y “olvidos” en la reimplantación de esas viejas tecnologías. Si la pólvora o la imprenta se distribuyeron gracias al eje meridiano de Eurasia, hoy los nuevos medios de transporte y el eje multidireccional de Internet permiten la difusión instantánea de las tecnologías en todas direcciones. Cualquier Manual de negocios para Dummies permite al más lerdo la reimplantación de la empresa privada, con todo su aparato subsidiario, en un par de meses. El raulismo, en cambio, repite que todo se hará con calma y sosiego para no equivocarse. (Son los mismos que se equivocaron a toda velocidad durante los 60, pero la tercera edad ya no está para esos trotes). Y aun así, se equivocan, comenzando por los tempos. En una economía globalizada y dinámica que se mueve a saltos tecnológicos, la lentitud es el primer error.

Pero no es un error ni un olvido. Una parte de la aristocracia verde olivo hace retranca al cambio, anclada aún en la nostalgia por su Edad Dorada. Triste jubilación sería soportar el alzheimer y los males de próstata, como almas en pena de museo, en un mundo de pequeños empresarios exitosos y solventes. Otros, más emprendedores y ya de civil, aunque conserven sus al(r)mas de generales, saben que mientras afianzan la administración o la gerencia de las corporaciones y empresas de las que mañana serán dueños, necesitan un período de carencia, un plazo de gracia sin la competencia desleal de un empresariado advenedizo, aunque sean ingenieros y licenciados condenados a oficios del siglo XIX: arrieros, aguadores o forradores de botones.

Y no es que la espera sea demasiado inconfortable. Como aquellos emperadores de la China hermética que sólo permitían la importación de relojes para su uso y entretenimiento, pero prohibían construirlos a los artesanos locales (los autócratas siempre han querido monopolizar el usufructo del tiempo), la aristocracia verde olivo cuenta en privado con la parafernalia tecnológica de última generación para su disfrute, lo que facilita la redacción de los llamados al sacrificio y la abnegación de los súbditos, entre sorbos de un Yoichi 20 años, fruto del emprendedor Masataka Taketsuru y de la apertura japonesa.

 

“La lentitud confortable”; en: Cubaencuentro, Madrid, 13/09/2011. http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/la-lentitud-confortable-268066





Sean realistas, pidan lo posible

5 09 2011

“Sean realistas, pidan lo imposible”

Eslogan del Mayo francés, en la estación Censier, 1968

 

 

La Spanish Revolution, el movimiento 15-M, horizontal, apartidista, sin líderes visibles (aunque ya comienzan a aparecer algunos portavoces recurrentes), ha inaugurado en Europa la era de las revueltas online en la estela de las ocurridas en el mundo árabe –salvando las enormes distancias entre ambas sociedades, el carácter de las reivindicaciones y la respuesta gubernamental.

Puede aducirse en contra del 15-M que es por momentos caótico, que se mueve a golpe de eslóganes no siempre equipados con una reflexión de fondo, que no ha hallado aún el modo de traducirse en una acción política concreta, o que a la corriente cívica mayoritaria se han sumado corrientes ajenas, como los antisistema adictos a la violencia y que más parecen enemigos del mobiliario urbano.

Pero los argumentos a favor son abrumadores. Una generación que parecía adormilada entre el hedonismo y el desinterés, sale a la calle armada de ideas que, de tan manoseadas, parecen demodé, como la igualdad, el progreso, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas; el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y contra una “dictadura partitocrática” encabezada por el PPSOE, suma de las siglas del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, los que se alternan en el gobierno desde el inicio de la democracia, en un sistema que, en la práctica, ha terminado siendo bipartidista. Reivindican que su existencia anónima es la que produce los bienes y mueve el mundo y proponen una Revolución Ética.

Nadie negará que en buena medida sus reivindicaciones coinciden con los asuntos que más preocupan a la ciudadanía (el paro, la corrupción de la clase política, etc.), lo cual explica su poder de convocatoria demostrado en las manifestaciones multitudinarias que han tomado las calles de todas las grandes ciudades españoles. Incluso muchos políticos tradicionales han reconocido la pertinencia de sus reclamos, aunque atribuyendo siempre esos males al partido contrario.

Si visitamos la página de ¡Democracia Real Ya! (http://www.democraciarealya.es) encontraremos desgranadas por acápites sus reivindicaciones. En qué medida son viables o pertinentes es algo que vale la pena analizar. De ello dependerá la solvencia del movimiento y su posibilidad de traducirse en acciones concretas

 

El primer punto se refiere a la eliminación de los privilegios de la clase política: control estricto del cumplimiento de sus funciones, como el que se aplica a cualquier otro trabajador; supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones; equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas indispensables para el ejercicio de sus funciones; eliminación de la inmunidad asociada al cargo; imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; reducción de los cargos de libre designación, y publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos antes y después de jurar el cargo.

El hecho de que el 15-M sea un movimiento apartidista no significa que no sea político, razón por la que su juicio sobre la clase política es la primera de sus reivindicaciones, aunque sea la tercera preocupación de los españoles, en orden de importancia. Si partimos de que un político es un servidor público electo por los ciudadanos para que decida, por delegación, en su nombre, es razonable que sus emolumentos, sus obligaciones tributarias, su disfrute de la seguridad social y el cumplimiento de sus obligaciones sean equiparables a los del resto de los asalariados, y, como en cualquier empresa, sus ingresos serán potestad de la junta de accionistas, en este caso, de la junta de electores. Aspirar a que se ajusten por decreto al salario medio es utópico e injusto, dadas las funciones profesionales que se les encargan y los bienes confiados a su custodia. La primera profilaxis de la corrupción es retribuir en justicia el trabajo del funcionario público. Lo segundo es que sean obligatorias las declaraciones de patrimonio antes y después, que deberán ser verificadas por las instituciones competentes y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

En este país se da el contrasentido de que el presidente de los 47 millones de españoles gana 73.486 euros al año, mientras el presidente de los 7,5 millones de catalanes duplica esa cifra. O que siete presidentes de autonomías y los alcaldes de ciudades como Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián ganen más que el presidente del gobierno. La razón es que son los propios políticos quienes deciden sus salarios y, en el caso de las comunidades autónomas, que cuentan con esa potestad, hay una escandalosa sobrevaloración de sus merecimientos. Del mismo modo que la defensa o las relaciones exteriores son potestad del gobierno central, creo que debería existir una comisión técnica que dictara un escalafón salarial en estricta proporción con la masa de ciudadanos representados por cada cargo político, reajustable sólo de acuerdo al índice del costo de la vida en cada localidad, de modo que el poder adquisitivo de un alcalde de una ciudad de cierto tramo poblacional sea equiparable con el de sus homólogos en todo el país. Y que ello se extendiera a todos los cargos electos. Claro que habría que vencer la resistencia, en primer lugar, de los políticos autonómicos, que defenderán sus salarios en nombre de los fueros comunitarios, confundiendo prebendas propias con derechos de sus ciudadanos. Una medida de esta naturaleza sólo será viable de aprobarse en referendo vinculante y que Hacienda vele por su estricto cumplimiento.

La reducción de los cargos de libre designación sería deseable, a los efectos de que sólo una pequeña cúpula de cargos políticos rote tras las alecciones, y que la mayoría del aparato esté compuesto por profesionales de probada solvencia que den continuidad al trabajo institucional. No cargos vitalicios, sino sujetos a sus resultados, como cualquier empleado.

En cuanto a la eliminación de la inmunidad asociada al cargo, creo que deberá ser automática en caso de delitos como la corrupción, el abuso de poder o el nepotismo. No en todo aquello que preserva la independencia de los políticos para legislar en conciencia y de acuerdo a los intereses del electorado. En caso contrario, cualquier político podría ser continuamente demandado por empresas o personas afectadas por leyes, decretos o resoluciones de interés general. Los políticos podrían pasar más tiempo en los juzgados que en el parlamento.

 

La segunda reclamación de los indignados se refiere al desempleo. Proponen el reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral; jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil; bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal; imposibilidad de despidos colectivos en las grandes empresas mientras haya beneficios; fiscalización de esas empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, y restablecimiento del subsidio de 426 € para todos los parados de larga duración.

El desempleo, que asciende al 20,7% de la población activa, es hoy, con razón, la primera inquietud del ciudadano español. Flexibilizar las jornadas de trabajo y la conciliación laboral es deseable, pero el reparto de trabajo sería nefasto. En países comunistas donde se empleó a doscientos cuando se necesitaban cien trabajadores para abolir el desempleo por decreto, el desplome de la productividad ocasionó el desempleo encubierto y el subsalario. Al cabo, la bancarrota del país y la necesidad de un reajuste drástico. La única solución realista es el crecimiento económico, el fomento de las PYMES y una adecuada política de financiación. No aumentar la edad de jubilación en consonancia con el aumento de la esperanza de vida, tampoco creará empleo, sino que gravitará sobre los costes de la seguridad social y obligará a los nuevos trabajadores a cotizar más para sostener la viabilidad del sistema. Seguramente los indignados tampoco estarían dispuestos a cotizar más. La globalización ha provocado un decidido proceso de deslocalización industrial hacia países donde la mano de obra es más barata, lo cual ha beneficiado a los países emergentes. E imponer a las empresas costes laborales desmedidos y rigidez en el sistema de contratación para proteger al trabajador, puede desprotegerlo totalmente cuando la empresa migre a China. La única solución para conservar un tejido industrial y empresarial es aumentar sustancialmente la productividad y la calificación de la mano de obra, lo único que permitirá transitar decididamente hacia las altas tecnologías. Sin ese cambio, será difícil no ya mantener el subsidio de 426 € para todos los parados de larga duración, sino la viabilidad de todo el sistema de seguridad social.

 

El siguiente punto se refiere a los servicios públicos de calidad: supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos; contratación de personal sanitario y de profesorado para mejorar esos servicios; reducción del coste de matrícula universitaria; financiación pública de la investigación para garantizar su independencia; transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible; restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades; construcción de carriles bici, y aumentar los recursos para atender a dependientes y desamparados.

En este caso hay una mezcla de propuestas válidas, buenas intenciones sin fundamentos sólidos y alguna que otra utopía peregrina.

En cuanto a la supresión de gastos inútiles y el establecimiento de controles, habría que comenzar por el final: el control independiente de presupuestos y gastos se llama Tribunal de Cuentas, y ya existe, aunque sea, como todo, infinitamente mejorable. Sobre los gastos “útiles” e “inútiles”, lo primero sería definir quién decide qué es útil y qué no. Pero, ciertamente, existen muchas partidas de donde, a primera vista, podrían recortarse gastos y hacer menos gravoso el aparato estatal y los gobiernos locales. Ante todo, el senado, una institución en buena medida redundante con el congreso. Noruega, Suecia y Dinamarca no tienen senado y funcionan perfectamente. Estados Unidos tiene 100 senadores y España, 264. Se podría adelgazar el servicio exterior hasta lo mínimo indispensable para el cumplimiento de sus misiones. Eliminar la pensión vitalicia de diputados, senadores y otros altos cargos. Rebajar las partidas destinadas a sindicatos y partidos políticos, que deberán adelgazar su burocracia parasitaria; a fundaciones peregrinas y decorativas; así como las transferencias a la Iglesia Católica, que deberá “gozar” de las mismas condiciones fiscales que el resto de las entidades del país. Como botón de muestra, se estima que la visita del Papa a Madrid costará 50 millones, sufragado en buena medida por las grandes empresas del Ibex 35, muchas de las cuales son responsables de la crisis, recibieron ayudas a bajo interés y han cerrado sus líneas de crédito a las PYMES y los autónomos. Por otra parte, los gobiernos autonómicos y locales duplican y a veces triplican aparatos administrativos y altos cargos para ofrecer el mismo servicio. Una comisión técnica independiente debería analizar la relación costo/funcionalidad de estos aparatos hipertrofiados y publicar sus resultados, para que el público sepa en qué se (mal)gastan sus impuestos.

Contratar más personal docente y sanitario, así como destinar más recursos a los dependientes y desamparados, dependerá del crecimiento económico, no de la voluntad popular. Reducir de modo generalizado las matrículas, bastante moderadas ya (les asombraría saber lo que cuesta una carrera universitaria en Estados Unidos), sería inviable en una enseñanza ya subvencionada, e injusto. ¿Por qué rebajar por igual la matrícula al hijo del banquero y al del albañil? Para ello existe un sistema de becas para personas de ingresos bajos y por razones de excelencia, que podría extenderse y aumentarse, así como los créditos a bajo interés pagaderos una vez concluidos los estudios. Facilidades y becas para quienes acuden a la universidad a aprender, no para quienes mariposean de facultad en facultad durante diez años, como quien estudia para rector, antes de sacarse un título. Tampoco los costes de las matrículas deberán ser inamovibles. El país deberá subvencionar aquellas disciplinas más necesarias para su crecimiento perspectivo, no aquellas cuyo peso en el desarrollo será secundario.

En cuanto al transporte, no hay objeciones a los carriles bici y la restricción del transporte privado en los cascos urbanos, e incluso limitar el transporte comercial a los horarios de mínima circulación. Pero al hablar de un transporte barato, de calidad y ecológico, deberán explicarse mejor. ¿A qué se refieren? ¿El regreso a la navegación a vela, los carruajes de tracción animal y las sillas de postas? No. Quieren Alta Velocidad a precio de carretón. Yo también. Pero la pregunta es ¿quién lo subvenciona? ¿El Estado? Es decir, nuestros impuestos. De momento, existen abonos subvencionados para jóvenes y mayores. Y podrían concretar sus propuestas. Por ejemplo, que Renfe y las compañías de autobuses hagan un afectivo reajuste de precios entre los días y horarios de más demanda y los de menos, tal como hacen los vuelos de bajo coste. Por el contrario que nuestros tatarabuelos, quienes nacían y morían en veinte kilómetros a la redonda, hoy, por suerte, viajar es un derecho y una práctica habitual, pero no gratuita. Y algo que entronca con el I+D y con el transporte sería la potenciación en España del transporte eléctrico e híbrido. Una apuesta de futuro.

Al hablar de la “financiación pública de la investigación para garantizar su independencia” no queda claro a qué se refieren. ¿Asegurar que el Estado monopolice las patentes? ¿Desestimular al capital privado en sus esfuerzos de I+D?

El porcentaje del PIB español dedicado a I+D fue el año pasado un 1,38, por debajo del 2,01 de la media europea y muy lejos del 3,96 de Finlandia, e incluso del 2,91 de Corea del Sur. España ocupa el puesto 18 entre los 27 de la UE, y según Robert-Jan Smits, encargado de la política de ciencia e innovación de la Unión, “España está en una encrucijada, un momento histórico en el que tiene que elegir si quiere convertirse en una economía basada en el conocimiento –entonces debe invertir drásticamente en I+D– o si continúa en su posición actual, estancándose”. El presupuesto de 2011 en investigación, desarrollo e innovación es de 7.577,07 millones de euros, más 974,62 millones en el sector militar (11,47% de la inversión civil en I+D). No ha sufrido drásticos recortes, pero es insuficiente, y para colmo de males, la crisis está provocando en España un éxodo de cerebros hacia destinos más promisorios. De modo que limitarse a la “financiación pública de la investigación para garantizar su independencia” es un crimen de futuro, por no decir una estupidez. España tiene que ofrecer todo tipo de incentivos a las empresas de I+D, incluyendo los fiscales, y redireccionar recursos al I+D si no quiere quedar reducida al balneario de Europa.

 

En lo que se refiere al derecho a la vivienda, el 15-M propone la expropiación por el Estado de las viviendas construidas que no se han vendido, para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido; ayudas al alquiler para jóvenes y personas de bajos recursos, y que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

De hecho, la vivienda es un bien esencial, y con la explosión de la burbuja inmobiliaria, la crisis y el aumento del paro, se ha creado en España una situación caótica. Miles de obras a medio terminar por la quiebra de las constructoras, miles de viviendas sujetas a embargo por impago, viviendas cuyo valor ha descendido, de modo que ni entregándola al banco el comprador salda su deuda. Y miles de pisos desocupados que, de salir al mercado, abaratarían los alquileres. Al mismo tiempo, los bancos, propietarios de decenas de miles de viviendas expropiadas, se han convertido en inmobiliarias involuntarias. Al respecto, podría haber muchas soluciones que contribuyan a paliar la descompensación del mercado.

Primero, en caso de que se trate de una vivienda habitual (excepto las de lujo), la dación de la vivienda debería saldar la deuda con el banco. Quien quiso comprarse un chalet de trescientos metros sin calcular sus posibilidades, o quien compró cuatro pisos con el propósito de especular, deberán asumir las consecuencias de sus actos. Otra posibilidad es decretar una moratoria de tres años para evitar las expropiaciones masivas, con lo cual los bancos mantienen su expectativa de cobro. Los bancos podrían vender al Estado su stock inmobiliario, o saldar con él parte de su deuda por las ayudas recibidas, y éste, colocarlo mediante las agencias locales para su alquiler a precio regulado. Por otra parte, como en Alemania, gravar fiscalmente las viviendas vacías, de modo que se impulse su salida al mercado y el abaratamiento de los alquileres. Y, por último, el Estado podría asumir la terminación de las obras abandonadas por constructoras en quiebra, con lo que se crearía empleo y se fomentaría la movilidad laboral con su salida al mercado en régimen de alquiler. Amén de otras fórmulas de ayudas directas a personas de bajos recursos.

 

El control de las entidades bancarias es la siguiente reclamación: prohibir cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y devolución de todo capital público aportado; elevación de los impuestos a la banca en proporción al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión; prohibición a los bancos españoles de invertir en paraísos fiscales y sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria; aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas; eliminación de las SICAV –Sociedades de Inversión de Capital Variable, que permiten invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos, así como tributar un exiguo 1% en impuesto sobre sociedades–; recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio; el control del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, y promover a nivel mundial la adopción de la tasa Tobin a las transacciones internacionales.

Todo muy bonito pero, en la práctica, inviable en su mayoría, a menos que se concierten acuerdos internacionales.

Comenzando por lo primero, si el Estado no hubiera inyectado liquidez a los bancos y se hubieran producido quiebras, millones de ahorradores, pensionistas y empresas habrían pagado las consecuencias. Esas inyecciones fueron préstamos, no graciosos regalos, y los bancos deberán devolverlos. Ahora bien, en la mayor parte de los casos, esos préstamos a bajo interés no redundaron en un aumento del crédito a las empresas españolas, condición que debió imponer el gobierno antes de concederlos, sino que se han invertido en sectores más suculentos, dentro o fuera de España, lo que explica que los bancos no sólo no han quebrado, sino que han tenido importantes ganancias. El dinero jamás ha alardeado de su responsabilidad social o su patriotismo.

Sería deseable recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero vistas las perspectivas electorales, me temo que no ocurrirá. La elevación de los impuestos a las grandes fortunas es justa y correcta; pero en el caso de los bancos (“en proporción al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión” no pasa de ser una boutade, una frase ingeniosa, ¿quién lo ha calculado?) deberá jugarse más con la atracción que con la coacción. El dinero es escurridizo y alarmista, fluye hacia rentabilidades superiores y huye del peligro como una gacela. Un paquete de medidas bien pensadas que incluya atractivos fiscales para invertir en empresas españolas, en especial las de I+D y las que fomenten el empleo, puede ser más efectivo que un diktat terminante. La mala praxis bancaria debe ser sancionada, desde luego, y deberán consensuarse leyes internacionales para regular el mercado financiero, así como la tasa Tobin, impracticable a nivel local. En un mercado globalizado, las acciones locales sólo consiguen empujar al capital de las altas a las bajas presiones, como muchos fenómenos meteorológicos. Una economía sólida y saneada es el mejor antídoto contra los movimientos especulativos, y no es necesario prohibir las SICAV, basta modificar sus prerrogativas.

Perseguir el fraude fiscal es algo que se viene haciendo cada vez mejor, aunque sea perfectible. Y prohibir la fuga de capitales y las inversiones en los opacos paraísos fiscales sólo se conseguirá erradicando los paraísos fiscales, algo imposible sin la cooperación internacional. También podrían gravarse al máximo los bonus de los directivos de las empresas españolas, al 100% incluso para aquellas que han recibido ayudas públicas.

 

En cuanto a las libertades ciudadanas y la democracia participativa, exigen que no exista control de internet; la abolición de la Ley Sinde sobre los derechos intelectuales en la red; la protección de la libertad de información y del periodismo de investigación; referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, y para la introducción de las medidas dictadas desde la Unión Europea; modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, incluyendo la representación en el legislativo del voto en blanco y el voto nulo; la independencia del Poder Judicial con la reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, y que no sea el Poder Ejecutivo el que nombre a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y el establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

Como en el punto anterior, aquí hay una suerte de arroz con mango.

Creo que la libertad de información y del periodismo de investigación está perfectamente protegida por la Constitución y sobran pruebas de ello, entre otras, la libertad de que gozan los indignados. Y la democracia interna de los partidos políticos es “interna”. Si no te gusta, puedes no afiliarte, ni votarlos. El control de internet no es, desde luego, deseable, pero tampoco creo que nadie lo haya propuesto. Otra cosa es que se persigan los comportamientos delictivos en la red. Y la ley Sinde debe repensarse con más calma y al compás de los cambios tecnológicos, aunque, sin dudas, se necesitan regulaciones que protejan los derechos intelectuales, cuya vulneración atenta directamente contra la viabilidad del proceso creativo. Que haya “referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado” me parece crucial y una garantía de que la política responda a la voluntad de los ciudadanos, pero de ahí a llevar a referendo toda medida de la UE va un largo trecho: tendríamos que aprobar (o no) normativas sobre el tratamiento de productos reciclados o cuotas pesqueras.

La Ley Electoral deberá ser, efectivamente, modificada, de modo que cada partido, sea nacional o nacionalista, tenga una participación en el parlamento estrictamente proporcional a los votos obtenidos. La actual, con su norma absurda de circunscripciones y porcentajes, sólo consigue que en una provincia poco poblada un voto valga hasta 3,5 veces más que el de una más poblada, y potencia artificialmente a los partidos nacionalistas gracias a la concentración local del voto. En las Elecciones Generales de 2008, Unión Progreso y Democracia obtuvo un escaño con más votos que el Partido Nacionalista Vasco, que consiguió seis. Y el voto en blanco debería cuantificarse como voto en blanco, no importa que la cámara tenga en una legislatura 350 miembros y en la siguiente 320. Ese es el reflejo exacto de la voluntad popular. Y para que fuese más fiel, el voto debería ser un derecho y una obligación ciudadana (no votar no es una opinión, sino obsequiar mi silencio para que sea manipulado). Votar es obligatorio en Australia, Austria, Nueva Zelanda y Francia, pero también en muchos países de Sudamérica, por lo que no hace ni mejor ni peor a una democracia, sino más fiel al juicio de la ciudadanía. Y para facilitarlo, así como los referendos, ya se puede implementar el voto online mediante firma electrónica y una clave personal.

En cuanto al Poder Judicial, es algo que en España necesita una reforma integral. Las enormes demoras de los procesos, los frecuentes errores por sobrecarga de los juzgados, la precaria aplicación de las nuevas tecnologías. Todo debe sufrir una reforma a fondo. En cuanto al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la figura del Ministerio Fiscal, es algo que deberá someterse a un análisis más serio que una pancarta. Creo que no son escasas las demostraciones de la independencia del poder judicial, también perfectible. ¿Quién deberá nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial si no es el ejecutivo? ¿El Legislativo? Viene siendo lo mismo. ¿El Poder Judicial al que nadie ha elegido? Si no queremos hacerlo motivo de una nueva votación, donde legos en la materia elegirán magistrados, tendría que ser una comisión de expertos de probada capacidad (y renovable) la que lo haga en lugar de los políticos. Algo que me parece más sabio, aunque siempre sujeto a errores, como toda obra humana. Pero antes, repito, el sistema requiere cirugía mayor y terapia intensiva.

 

El último reclamo de los indignados es la reducción del gasto militar. Dicho así, ya se ha cumplido, al descender un 5,19% respecto al ejercicio anterior. Todos aspiramos a un mundo sin armas ni ejércitos, pero eso, lamentablemente, seguirá siendo una utopía durante muchos años. Con un modesto 1,2% del PIB en gasto militar, España ocupa un honorable puesto 128 entre todos los países del mundo. Toda reducción será bienvenida, siempre que ello no ponga en peligro a las tropas que, más que prevenir una invasión de nuestros vecinos, desempeñan importantes misiones en países en conflicto.

 

El movimiento 15-M es, sin dudas, un soplo de aire fresco en el enrarecido panorama de la política nacional, el despertar de una conciencia ciudadana que el país necesita desesperadamente, pero deberá reflexionar a fondo sobre la pertinencia y viabilidad de sus reivindicaciones si aspira a convertirse en un elemento de peso en la real politik española y que sus pancartas se traduzcan en hechos. Y deberán comprender, ante todo, que antes de repartir beneficios hay que obtenerlos.

Hay mucho que corregir en España, pero lo primero será torcer la senda del crecimiento de las arenas playeras y los chiringuitos hacia el laboratorio. Como en los vasos comunicantes de Pascal, la imaginación y la creatividad política del 15-M deberá desplazarse también hacia la economía del conocimiento, y subvertir por fin la trágica máxima de Unamuno: ¡Que inventen ellos!

 

“Sean realistas, pidan lo posible (I)”; en: Cubaencuentro, Madrid, 05/07/2011. http://www.cubaencuentro.com/internacional/articulos/sean-realistas-pidan-lo-posible-i-264971 / “Sean realistas, pidan lo posible (II)”; en: Cubaencuentro, Madrid, 06/07/2011. http://www.cubaencuentro.com/internacional/articulos/sean-realistas-pidan-lo-posible-ii-264992





Inteligéntsia

26 08 2011

Con un espectáculo en el Gran Teatro de La Habana, se acaba de celebrar el 50 aniversario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Como artista invitado, asistió el general Raúl Castro, quien instó a los asistentes a reencontrarse en “el centenario», aunque cabe sospechar, sin ser demasiado suspicaz, que el general-presidente no pensaba en la pervivencia de la institución, sino en la de su propio régimen.

En “La cultura de la Rusia soviética”, Isaiah Berlin nos recuerda que tras las purgas quedó perfectamente establecido que “la misión de los intelectuales (…) no era interpretar, debatir, analizar ni aun menos desarrollar o extrapolar a nuevas esferas los principios del marxismo, sino simplificarlos, adoptar una interpretación acordada de su significado y luego repetir machaconamente por cualquier medio disponible y en todas las ocasiones que se presentasen el mismo conjunto de verdades oficiales”.

Y es a esas “verdades oficiales” a las que seguramente hacía referencia el presidente de la UNEAC, Miguel Barnet, al afirmar que la institución es una «herramienta de la vanguardia intelectual» que ha servido a «los ideales más nobles de la revolución socialista», un «laboratorio de ideas», un «nicho de debate» y un sitio para promover lo mejor de la cultura cubana. A qué ideales, debates e ideas se refiere queda claro cuando invoca a Fidel Castro como «autor intelectual» de la UNEAC. Y en esto tiene razón.

Siguiendo a Walter Benjamin, según el cual la obra de arte “ha perdido su aura”, su carácter sagrado, y se ha convertido en mercancía, el Estado estuvo dispuesto, desde los primeros años de la revolución, a adquirir esa mercancía y convertirla en instrumento ideológico que aportara legitimidad al nuevo orden.

Como en la URSS, el Estado cubano comprendió desde muy temprano que necesitaba a intelectuales orgánicos bien remunerados y/o apadrinados desde el poder que asumieran su condición de élite por encima del ciudadano común, pero, al mismo tiempo, ejerce sobre ellos periódicamente el recordatorio de su condición subalterna respecto al poder y dependiente de la gracia de éste. A veces se les humilla directamente o se les reprende como a escolares cuando trasgreden algún límite, y en caso de que insistan, se les reprime de acuerdo a la gravedad de su desacato.

Desde el 30 de junio de 1961, los límites quedaron muy claros: “¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas, revolucionarios o no revolucionarios?  Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho” (Fidel Castro; Palabras a los intelectuales). Ya lo había dicho Benito Mussolini: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. (Discurso de la Ascensión, 26 de mayo de 1927).

Según Berlin, Stalin patentó un método infalible para navegar entre el fanatismo utópico y el oportunismo cínico. Tras los períodos de terror, breves interregnos de clemencia durante los cuales se reprimía a los represores de turno, se abría un breve espacio para la crítica inofensiva y el pueblo respiraba aliviado porque los líderes se habían enterado, por fin, de los excesos cometidos. Hasta que todo volvía a empezar una vez que el período de “relajación” comenzaba a excederse en sus márgenes de libertad. Sin alcanzar los niveles bíblicos de represión practicados en la URSS, un sistema semejante se ha aplicado a los intelectuales de la Isla, alternando períodos de relativa indulgencia con decenios grises (o negros, en dependencia de las lentillas que use cada cual).

Podríamos aceptar, como afirma Miguel Barnet, que la UNEAC ha acompañado «críticamente» el proceso cubano, aunque deberemos aclarar que los límites de esa “crítica” siempre han sido dictados desde el poder, dado que para éste el pensamiento crítico es más peligroso que la subversión abierta, que puede combatir (y ha combatido) confortablemente con la violencia como razón de Estado. Por ello se ha afanado en domesticar al intelectual mediante cargos burocráticos, premios, viajes, honores y condecoraciones; asimilarlo hasta que sea inofensivo. El intelectual “integrado” reduce por cuenta propia sus márgenes de libertad. La represión es superflua.

En caso de que el intelectual se resista a la domesticación, el Estado dosificará el castigo de acuerdo al grado de indocilidad: exclusión del sistema editorial y los medios de prensa, galerías o espacios teatrales; negación de permisos de viajes; enajenación de sus medios de vida; ostracismo y/o escarnio público y, llegado el caso, la cárcel. La condena a silencio forzoso y el ostracismo público contará con la complicidad de buena parte de sus colegas, bien sea por puro cálculo –todo contacto con el sentenciado (altamente infeccioso) es dañino para la salud profesional— o porque la rectitud moral del excluido es un reproche indirecto al oportunismo y la sumisión del gremio.

Ralf Dahrendorf, en Homo Sociologicus (1968) afirma que “los bufones de las sociedades modernas son los intelectuales (…) tienen la tarea de dudar de todo lo que es evidente, de hacer relativa toda autoridad, de preguntar aquellas preguntas que nadie se atreve a plantear”. Añade que “Su papel es no interpretar papel alguno. El bufón no está arriba, pues no puede dictar a los demás las leyes de sus acciones. Tampoco está debajo, porque actúa como conciencia crítica de los poderosos (…) El poder del bufón está en su libertad en relación con la jerarquía del orden social”.

Pero en Cuba hasta el teatro bufo fue eliminado por decreto. Eso no significa que podamos incluir a todos los asistentes al cincuentenario de la UNEAC en un mismo saco.

Los más deseables para el poder, y cada vez más escasos, son los “legitimadores incondicionales”: intelectuales que aceptan sinceramente el poder establecido, y se sienten representados por él. Aunque no siempre sean, dada la estatura de sus obras, los que otorgan mayor legitimidad al poder. Suelen confundirse con los “intelectuales orgánicos”, según la definición gramsciana, cuyo máximo exponente sería el “intelectual político”, integrado a la élite del poder y que asume la construcción del aparato cultural e ideológico al servicio del Estado.

Si aceptamos el aserto de Kant, según el cual “No hay que esperar que los reyes filosofen o que los filósofos se conviertan en reyes, ni siquiera es de desear, porque la posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón”, podríamos dudar de que el “intelectual político” sea un verdadero intelectual, dado que la legitimidad de sus ideas estaría subordinada a su condición política.

Los “legitimadores por omisión” son, posiblemente, mayoría. La mayoría silenciosa. Evaden por igual los cargos públicos y la disidencia manifiesta; siempre que sea posible, evitan firmar cartas de apoyo o de condena; optan por la estricta especialización en sus respectivas artes y se acogen a un minucioso equilibrio entre la necesidad expresiva y la supervivencia. Combatidos en tiempos de fervor, cuando se exigía al intelectual una “definición”, es ahora para el poder, en tiempos de bancarrota ideológica, condición apetecible: No le exijo que me aplauda, señor mío. Ocupe sus manos en empuñar el pincel o pulsar las teclas.

Por último, la “inteligéntsia crítica” es aquella que hace públicas en sus obras y en el debate social, académico, ideológico o cultural sus críticas de mayor o menor calado. Una categoría que va desde la crítica participante, instalada en la defensa esencial del sistema y su perfectibilidad, hasta la disidencia que propone su desmontaje. Si esta última es siempre sometida a la más ruda represión, la respuesta a la primera es elástica: los márgenes de permisividad han variado con los años y los vaivenes de la rigidez ideológica. En la medida que el establisment ha perdido legitimidad, se ha visto obligado a aceptar márgenes mayores a la crítica, en particular a la que se produce fuera del país y que es fácilmente silenciable por una prensa cautiva. Y depende también del medio donde se recoja: hay mínimos niveles de admisibilidad en la televisión o los grandes medios de comunicación, que se van ampliando cuando se trata de revistas culturales o libros de escasa tirada y, por tanto, de corto alcance en lo que a accesibilidad pública se refiere.

Gracias a estos márgenes, algunos intelectuales críticos –disidentes en su fuero interno en muchos casos, aunque no lo hagan explícito más allá del salón de su casa—gradan con exactitud la munición de su crítica: grueso calibre en intervenciones académicas outside the borders, lo que otorga mayor credibilidad a su discurso en sociedades abiertas e informadas, y balas de fogueo en la televisión local, con lo que mantienen la pelota por las bandas pero sin salirse del campo, algo que los colocaría fuera de juego y anularía sus prerrogativas.

Tampoco esto es absoluto. La crisálida del intelectual no siempre desemboca en mariposa.

Es bien conocido que muchos pirómanos a los veinte años descubren a los cincuenta su vocación de bomberos. Y obtener un confortable puesto –con la adquisición del esprit de corps burocrático–, bienestar y honores ayuda mucho a sofocar los ardores juveniles. El azote del poder se convierte poco a poco en consejero que advierte de los riesgos que puede correr el propio poder que ahora lo cobija; la crítica jacobina evoluciona a crítica cortesana. Se centra en la carrocería del poder, no en su motor o su sistema de transmisión.

También puede suceder lo opuesto: el guardia rojo a los veinte se desilusiona por el incumplimiento de sus expectativas y acentúa su lado crítico hasta el extremo opuesto, aunque ello, en una sociedad donde le está vedado dar cuenta puntual de su evolución, ocurre con frecuencia en silencio. De modo que el público lee un buen día con sorpresa en el diario El País “Los anillos de la serpiente”, el “destape” de Jesús Díaz, quien fuera durante decenios lo más parecido al “intelectual orgánico” gramsciano.

Existe también entre algunos intelectuales un síndrome que merecería un serio estudio siquiátrico: la fascinación por el poder que han padecido por igual Gabriel García Márquez y Pablo Armando Fernández, quien ha admitido que volvió a nacer el día que conoció a Fidel Castro. Supongo que no se trate de una excusa para trucar su edad.

Dados los estragos que ha causado durante medio siglo el totalitarismo y su indefectible respuesta, la simulación –ya se ha apuntado lo hiperbólico que resulta llamar doble a una moral defectuosa–, podría aplicarse a gremios de taxistas, albañiles e incluso de políticos idénticas categorías que a la inteligéntsia. La diferencia es, exclusivamente, de visibilidad, razón por la cual una zona del exilio exige a éstos una audacia crítica que disculpa a los pescadores de orilla y las amas de casa. Una exigencia éticamente discutible al pronunciarse desde la distancia, agravada por la no categorización. Encaramado en su presunta “superioridad moral”, el exilio rancio parece incapaz de distinguir a los “intelectuales políticos”, arquitectos ideológicos del sistema, del resto, cuyo ejercicio (o no) de la crítica y la profundidad de ésta dependen, como entre los restantes once millones de cubanos, tanto de sus deseos como de sus posibilidades. Recibir con menosprecio esas críticas que se ejercen (y no sin riesgo) desde adentro es la mejor complicidad a que podrían aspirar los mandantes cubanos.

Para Platón, sólo un rey filósofo, el gran salvador, conseguiría sacar a la polis de su crisis. Sólo un rey así, especializado en reflexionar sobre la justicia, la paz y la armonía, estaría predestinado a resolver los grandes problemas de la sociedad. No dudo de la sabiduría y el buen hacer de muchos de los invitados al cincuentenario de la UNEAC, pero me temo que si ésta ha sido, en palabras de su presidente, «laboratorio de ideas» y «nicho de debate» de los pasados cincuenta años, habrá que buscar un nicho donde sepultar viejos debates y otros laboratorios donde cocinar las ideas del próximo medio siglo.

 

“Inteligéntsia”; en: Cubaencuentro, Madrid, 26/08/2011. http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/inteligentsia-267467

 





Después de las seis

18 07 2011

Entre julio de 2010 y abril de 2011, 115 presos políticos cubanos fueron excarcelados y trasladados a España junto con 647 familiares, a razón de 5,63 familiares por preso.

Se ha afirmado que la operación fue acordada entre el gobierno de Raúl Castro, la Iglesia Católica cubana, dotada por primera vez de cierto protagonismo, y el gobierno español. El diputado del PP Teófilo de Luis calificó, en un debate parlamentario, de «inmisericorde y vergonzante» la colaboración del cardenal Ortega en el proceso de excarcelaciones y opinó que a los presos «no se les dejó ninguna opción de permanecer en Cuba» y se «les forzó al destierro». Aunque el ex prisionero Julio César Gálvez ha afirmado: «Yo no pedí venir a España», lo cierto es que, tal y como han aclarado el Arzopispado de La Habana y Laura Pollán, presidenta de las Damas de Blanco, a los reclusos incluidos en el proceso el cardenal Ortega les informó sobre su inminente excarcelación y les consultó si deseaban o no viajar a España. «Nadie ha obligado a ningún preso a que abandone el país», afirmó Pollán, y citó los casos de Rafael Ibarra, un preso político que no aceptó viajar, y continúa en prisión, y de su esposo, Héctor Maseda, uno de los 12 excarcelados que decidieron permanecer en Cuba. Aunque es perfectamente comprensible que la mayoría decidiera abandonar el país.

Quien haya seguido la política del gobierno cubano sabe que estas excarcelaciones no corresponden a un giro en su política respecto a la disidencia o a los derechos humanos, y la represión posterior lo corrobora. Ciertamente, ese lavado de imagen sirvió de argumento al ministro de Exteriores español para solicitar a la Unión Europea la derogación de la Posición Común, aunque no hayan variado las circunstancias que la motivaron. Pero, sobre todo, podría servir de argumento a la administración Obama para relajar o derogar el veto a sus ciudadanos de viajar a Cuba, algo vital para la economía insular en bancarrota. Al mismo tiempo, la Iglesia remozaba su imagen pública y ganaba un espacio de interlocución. En cualquier caso, la excarcelación de opositores políticos pacíficos es siempre una buena noticia.

Los cubanos excarcelados y sus familiares han llegado a España acogidos a un programa financiado por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y Asuntos Exteriores y de Cooperación, idéntico al que se aplica a otros refugiados por razones humanitarias. Tras una breve estancia de tránsito en Madrid, los refugiados han sido redistribuidos por los centros de acogida que Cruz Roja Española, la Asociación Comisión Católica Española de Migración y la Comisión Española de Ayuda a Refugiados tienen repartidos por todo el país. En una tercera fase, cada familia pasa a un piso de alquiler y recibe una ayuda de unos 1.390 euros al mes, más otras ayudas para la escolarización de los niños y la compra de libros de texto, y unos 300 euros al año para la compra de ropa, más cursos de formación para la búsqueda de empleo.

Lo primero que llama la atención de esta operación ha sido el número de familiares que han acompañado a los 115 ex prisioneros: 647. Como promedio, familias de siete miembros, aunque en algunos casos superan los 30. El ex preso político Néstor Rodríguez Lobaina ha dado las gracias al gobierno español por sacarlo de Cuba a él y a su familia, pero afirma que aquí se ha enfrentado a un “infierno de burocracia”. “Si el gobierno español no tenía las condiciones por estar en una crisis económica, yo no comprendo cómo hace un arreglo con la dictadura cubana para traer a 1.000 personas a un lugar donde no hay trabajo”, se pregunta. Y quizás tenga razón, aunque dicho por alguien que se ha beneficiado de esta generosidad resulta, cuando menos, indelicado.

Varios refugiados han agradecido a España por su acogida. Miguel Martínez afirma que “la ayuda ha sido generosa y alcanza”. Y Antonio Díaz, que “hemos tenido cubiertas nuestras necesidades. Nuestros hijos han ido a la escuela, han recibido atención médica, tenemos casas confortables, y una ayuda que nos permite subsistir en un nivel muy, pero muy digno”, aunque se queja de tener que renovar el permiso de trabajo cada tres meses y la demora en concederles el asilo político –se ha concedido hasta ahora el estatus de refugiado político a 53 disidentes o familiares, y a otros 400 la protección subsidiaria–, por lo que ha decidido trasladarse a Miami.

Pero lo que es noticia en los últimos días es, justamente, lo contrario. Al menos cuatro refugiados han perdido las ayudas. Entre ellos, Néstor Rodríguez Lobaina y Erick Caballero Martínez. El primero, por «reiteradas faltas de respeto al personal de la Cruz Roja», «actitud desafiante y amenazadora», incumplir con las ordenanzas del centro, su «desinterés y desprecio absoluto» por las ayudas concertadas para su proceso de integración, y, sobre todo, la «agresión» a otros cubanos, según el subdirector de migraciones de la Cruz Roja. Rodríguez Lobaina se declara el blanco de una «maniobra oscura» por parte de la ONG, en connivencia con la dictadura castrista, para separarlo de su familia. Afirma que le han quitado el abono de transporte, el derecho a realizar llamadas a Cuba, el suministro de algunos artículos personales y el alimento de los domingos. Que se le acabaron la pasta dental y el desodorante y que no ha recibido dinero para cortarse el cabello desde su llegada.

Erick Caballero, por su parte, amenazó en Torrelavega, Cantabria, con una huelga de hambre en protesta por las condiciones de vida. “Nos están tratando como unos simples inmigrantes”, dijo. Y ha denunciado a El Nuevo Herald que muchos no han recibido el dinero para ropa y transporte prometido, o que lo han recibido tarde, y que la asistencia médica ha sido deficiente y tardía. Se queja de los estrictos horarios y de la alimentación. “Yo salí de una prisión de máxima seguridad, y aquí ponen horario para todo: bañarme, comer, salir, la tele”, dijo Caballero. Agregó que algunos no han podido asistir a seminarios para hallar empleo porque no hay dinero para el transporte ni para ropa.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado expulsó a fines de junio a siete cubanos de su centro de acogida en Málaga y del programa de atención del que se beneficiaban. Entre los expulsados está Carlos Martín Gómez, que hace unos días emprendió, junto a cuatro familiares, una huelga de hambre al no lograr alquilar un piso donde establecerse. La institución explicó en un comunicado que los expulsados habían mantenido “continuos conflictos entre ellos, llegando a la agresión física” obligando al reajuste de “la distribución de este grupo familiar por habitaciones”. Los acusa de “proferir amenazas directas e indirectas, agresiones verbales y faltas manifiestas al respeto” contra los trabajadores del centro; la introducción de “alcohol en el centro o exhibir armas blancas en el patio”, así como su “falta de compromiso” al abandonar los cursos formativos y limitarse “a reivindicar actuaciones y prestaciones más allá de las establecidas”.

(Imaginemos el alborozo en el Palacio de la Revolución ante estos sucesos: Eso les pasa por no leer el Granma. Son delincuentes comunes. Yo se lo dije a los gaitos, pero no me hicieron caso).

Julio César Gálvez y Ricardo González Alfonso también se han quejado de su acogida. Y Regis Iglesias declaró a El Nuevo Herald que “la falta de un estatus [de refugiado político] ha impedido insertarnos en la sociedad española”, aunque agradece la ayuda económica recibida. En entrevista concedida a Libertad Digital, Juan Carlos Herrera declara que quiere regresar a Cuba ante el “trato hostil” y “vengativo” del Gobierno español y la “violación” de sus derechos. También Néstor Rodríguez Lobaina ha pedido que se le devuelva a la prisión de donde salió. Dado que no se han cumplido los once meses reglamentarios, supongo que esas repatriaciones serán perfectamente viables.

¿Han sido diametralmente diferentes las condiciones de acogida en unos y otros lugares? ¿O han sido diferentes las visiones de unos y otros sobre circunstancias más o menos similares?

Hay una situación objetiva: España está en plena crisis y su tasa de desempleo es la mayor de Europa, de modo que la integración plena, que empieza por la independencia económica, se vislumbra difícil. Cuando el economista Miguel Martínez se queja de la lenta homologación de títulos académicos y universitarios («un trámite muy lento y burocratizado», admite un portavoz de Accem) y duda de las “posibilidades de que podamos acceder al mercado laboral conforme a nuestros estudios y preparación”, se integra al clamor de varios millones de españoles.  Es el caso del odontólogo Alfredo Pulido, aunque según éste, “Nada es comparable con una prisión, y menos en Cuba”.

Según las ONG de acogida, algunos han conseguido algunos trabajos esporádicos, pero ningún contrato permanente. La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, asegura que los cubanos cuentan con la «simpatía» de la sociedad española, pero que los pocos que han encontrado trabajo ha sido en la economía sumergida, o que, como cualquier parado de larga duración, “ante el temor a perder las ayudas, sopesan bastante las ofertas de trabajo». Por todas estas razones, el gobierno ha decidido prorrogar otros seis meses los subsidios, siempre que «las personas formen parte activa del proceso de integración«, en palabras del subdirector para Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez.

Lo cierto es que desde octubre, nueve disidentes se han trasladado a Miami, uno a Chile y otro a la República Checa, y la cifra podría ascender a una treintena. Las autoridades norteamericanas ya han creado un programa de visados para los asilados políticos cubanos. Si se trata de reunirse con sus familiares y encontrar un espacio promisorio, es perfectamente razonable. Si alguno confía en las subvenciones norteamericanas al exilio político cubano, debería tomar nota de las quejas de Reina Luisa Tamayo, madre Orlando Zapata, porque la ayuda que ha estado recibiendo se está «agotando» y actualmente ninguno de sus doce familiares, alojados en cuatro apartamentos (a un alquiler de 1.295 dólares mensuales cada uno) tiene trabajo que les garantice el sustento en los próximos meses. De momento, ya buscan un nuevo lugar donde vivir, más económico.

Una de las informaciones más asombrosas relacionadas con los excarcelados cubanos la ofrece Fran Cosme (http://www.primaveradecuba.org/Articulo/22odisea). Según él, “dos minutos antes de abordar el avión, funcionarios de la embajada española les dieron a firmar un compromiso que dentro de sus tantos puntos contenía uno que los obligaba a abstenerse de formular críticas al gobierno cubano y al español, así como abstenerse también de manifestaciones políticas”. El autor no cita la fuente y, dadas las pruebas, resulta difícil compatibilizar esas exigencias (claramente inconstitucionales) con el hecho de que el 19 de julio de 2010, diez ex prisioneros solicitaron por escrito a los cancilleres de la Unión Europea que no fuese revocada la posición común, tal como solicitaba el ministro Moratinos, sin que, hasta donde se sabe, se produjeran represalias. O que Regis Iglesias y Miguel Martínez aceptaran una invitación a una conferencia de prensa organizada en Madrid por Unión Progreso y Democracia (UPyD), en la que ambos señalaron que España ha incumplido el “Proceso de acogida e integración social a personas pidiendo protección internacional”. En esa ocasión, Fernando Maura, de UPyD, sostuvo que “los trajeron como mercancía política para cambiar la posición común de la Unión Europea hacia Cuba”. Olvidó decir que en aquella conferencia de prensa, Iglesias y Martínez también eran “mercancía”, en este caso de la política doméstica.

Responsables de las ONG de acogida han afirmado que la mayor parte de los excarcelados llegó con unas «expectativas muy altas que no se han podido cumplir». Y eso nos lleva a un fenómeno endémico en la sociedad cubana: la sobrevaloración de lo extranjero. Frente a la retórica de Granma, según la cual, excepto Cuba, Corea del Norte y Venezuela, el mundo entero está a punto de hundirse en la miseria, los cubanos han desarrollado un imaginario del Malecón pallá en el cual los jamones pata negra y los trajes de Armani florecen como la verdolaga. Basta recogerlos. Eso explica que muchas familias consideren las remesas vitalicias de sus parientes out of borders una especie de derecho adquirido por el simple hecho de permanecer en la Isla, cuidándola para que no se hunda y que al regresar de visita la encontremos en el mismo sitio. Y que el primo segundo de la tía política no pida un par de tenis para ir a la escuela, sino unos Converse último modelo.

Durante medio siglo ha actuado sobre nosotros una pinza perversa. Por un lado, el poder ha intentado convencernos de que los cubanos, faro y guía del universo, somos el pueblo elegido, tributario natural de la solidaridad internacional. Y predica con el ejemplo: casi 198.000 millones logró sacarle a los rusos, y 21.000 millones de deuda impagada. Más lo que le debe al Club de París y las subvenciones venezolanas.

La otra mandíbula de la pinza es la indefensión. El cubano que reside en la Isla no está autorizado a mejorar su situación económica, algo que debe comprender el visitante que llega, y el amigo o pariente que lo recibe si tiene la suerte de brincar el charco. Quienes lo ayudan, invitan o convidan como muestra de amistad, afecto, amor u otros sucedáneos, cumplen una obligación que no requiere más explicaciones.

En el caso que nos ocupa, puede que algunos consideren una obligación internacional la subvención a quienes luchan por la democracia en Cuba, y han sufrido prisión por ello. Es comprensible que eso fuera así mientras permanecían en la Isla, hostigados por el régimen que les negaba, incluso, el acceso a un puesto de trabajo. Y es justo que se les otorguen subsidios temporales y facilidades para integrarse a esta sociedad en uno de sus momentos más difíciles, algo de lo que no disfrutan millones de sus compatriotas, “simples inmigrantes”, en palabras de Erick Caballero.

Pero ningún país del mundo tiene obligaciones o deberes con la Isla. El destino de Cuba es, exclusivamente, un asunto de los cubanos.

Un amigo que fue a recibir a uno de los primeros grupos de excarcelados me contó de una señora que, al bajar del avión, le manifestó su intención de continuar desde España la lucha por la democratización de Cuba. Y él le respondió: “Después de las seis”. “¿Cómo?”, preguntó ella. “Después de las seis. A esa hora termina la jornada de trabajo”.

 

“Después de las seis”; en: Cubaencuentro, Madrid, 18/07/2011. http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/despues-de-las-seis-265503





Desobediencia

12 07 2011

El poder, humano o divino, siempre ha tenido la obediencia (de los súbditos) en muy alta estima. La desobediencia de Adán y Eva les canceló automáticamente su permiso de residencia en el jardín del Edén. Fue el primer pecado para los judíos, no necesariamente heredable por toda la especia humana, aunque lo asegure el cristianismo, como si lleváramos en nosotros el ADN de la culpa.

La desobediencia a los mandamientos de Jehová es pecado, no importa lo absurdas o despiadadas que sean sus órdenes. Así la autoridad de Dios, como afirma Erich Fromm en Tener y ser, queda “modelada sobre el papel de un rey de reyes oriental”. Y esos reyes aprovecharon desde entonces el modelo para sacralizar su despotismo a imagen y semejanza del “capo di tutti capi”. Aunque más tarde Santo Tomás de Aquino, como también afirma Fromm, le diera al pecado un sentido humanista, al considerar que éste no consiste “en desobedecer a la autoridad irracional, sino en ir contra el bienestar humano”.

Fue el caso de Prometeo, quién desobedeció a los dioses al entregar el fuego a los hombres. Ni se sometió al mandato de la autoridad, ni se sintió culpable, “rompió la ecuación entre desobediencia y pecado”. Pero el poder suele ser bastante ajeno a la compasión y sobre Prometeo cayó todo el peso de la (in)justicia divina.

El 12 de abril de 1954, el académico Piotr Kapitsa (Premio Nobel de Física 1978) escribió una carta a Nikita Krushov en la que afirmaba: “El estímulo principal para cada creación es el descontento con lo existente. El inventor está descontento con los progresos existentes e inventa nuevos; el científico está descontento con las teorías existentes y busca otras más perfectas, etc. Las personas activamente descontentas son intranquilas y su carácter no les permite ser borregos obedientes (…) el genio se manifiesta generalmente en la desobediencia. El hombre busca algo nuevo cuando no quiere atenerse a lo existente porque no lo satisface. La desobediencia es uno de los rasgos inevitables que se manifiestan en el hombre que siempre busca y crea algo nuevo en la ciencia, el arte, la literatura o la filosofía. De manera que parecería que una de las condiciones para el desarrollo del talento fuera la libertad de desobediencia”.

A un año de la muerte de Stalin, Kapitsa escribió dos palabras que en la URSS de entonces eran heréticas: “libertad” y “desobediencia”. Hacía suya la frase de Siegmund Freud: “Genio y obediencia son cosas incompatibles”. Ignoro cuál fue la respuesta de Kruschov, pero presumo que estaría en consonancia con la del zar Nicolás I cuando se reunió con los estudiantes más brillantes de la Universidad de Moscú y les espetó que “No preciso inteligentes, sino obedientes”. Así le fueron las cosas.

Una relectura de la historia nos demuestra que sociedades donde en su día florecieron la creatividad y el talento se apagaron cuando se impuso la obediencia y se unció el talento a las necesidades del poder. China era, en el siglo XIV, la nación tecnológicamente más avanzada del planeta. Pero entonces, según el historiador Manuel Castells, el Estado inhibió el desarrollo tecnológico por temor  al impacto de las nuevas tecnologías en el statu quo social; los elementos más dinámicos de la cadena productiva se consagraron al servicio estatal; la sociedad se supeditó completamente a las necesidades del Estado; se impuso una rígida organización burocrática; se suprimieron los contactos y el comercio con extranjeros, y la exploración geográfica, que había alcanzado la costa occidental de África en enormes flotas junto a las cuales las carabelas de Colón eran meras chalupas, fue abandonada y se prohibió por decreto la construcción de grandes barcos.

No escasean ejemplos puntuales de dictaduras que han potenciado, de forma interesada y muy dirigida, la investigación en determinados campos, especialmente los relacionados con la industria armamentística. La Alemania nazi y la URSS, por ejemplo. Pero, al cabo, conceder sólo libertad condicional al talento ha terminado por atrofiar esos impulsos creativos. La II Guerra Mundial concluyó con un golpe de tecnología sobre Hiroshima fraguado, en buena medida, por “excedentes” de la ciencia alemana que resultaron inadmisibles para el poder nazi.

Desde finales del siglo XIX la ciencia ya no es una parcela acotada donde cada genio cultiva en solitario sus propias ideas, sino un ecosistema en el que las ideas fluyen de unos campos a otros en una interacción difícilmente predecible por un plan quinquenal. Conceder libertad a los cultivadores de tomates y no a los de pepinos sólo sirve para que jamás se pueda hacer un buen gazpacho.

En Cuba existe hoy una gran masa escolarizada y una mina de talento por explotar. Pero no es suficiente. Carlyle afirmó que el genio es una capacidad infinita para esmerarse, pero para ello necesita condiciones propicias, patrocinios y múltiples impulsos que lo hagan posible. No basta crear un centro de Biotecnología y otro de Inmunoensayos, sectores promisorios en el imaginario castrista. Las limitaciones impuestas a la libertad creadora se traducen en limitaciones de lo creado.

El genio suele serlo en determinadas parcelas del conocimiento. No se le puede amaestrar para que salte por un aro ajeno a sus saberes. Fuera de su agua, como el pez, se ahoga, o busca en otra charca aguas alternativas. El bracero mexicano desobedece su destino y huye al Norte por razones de supervivencia. El talento hace lo mismo con un aliciente adicional: la búsqueda del clima adecuado para que su talento eclosione y alcance su posibilidad, y no se quede en la imagen, para decirlo en palabras de Lezama.

Desde mediados del siglo XX, asistimos a la sociedad del conocimiento. El desarrollo no está ya determinado por quién produce más acero o más telas, sino por quién produce más ideas. Y existe una clara distinción entre países productores y países consumidores de ideas; entre países que atraen talento y países que lo exportan. Cuba es, desde hace medio siglo, un exportador de talento. Comenzó por exportar en masa a toda la clase empresarial, los que ahora llaman emprendedores, y una buena parte de su dotación técnica. Y ha continuado exportando talento, ya educado dentro de la Revolución, en oleadas sucesivas o en un inexorable goteo.

En los “Lineamientos de la política económica y social” que, presuntamente, signarán la vida de los cubanos durante los próximos años, se habla de “crear condiciones organizativas, jurídicas e institucionales” para el desarrollo de la ciencia; “sostener y desarrollar investigaciones sobre el cambio climático, preservación de los recursos y las ciencias sociales”; “institucionalizar y sistematizar”; “ir creando las condiciones para propiciar la integración de los logros de la ciencia y la técnica en la producción”; “completar y aplicar los instrumentos jurídicos requeridos para la articulación del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica”. De nuevo los planes quinquenales, el dirigismo machacón desde un Estado que ha demostrado sobradamente su incapacidad de fomentar y de prever, y que sólo ha logrado una imparable sangría de talento. Y, justamente, la palabra “talento” no aparece en esos “Lineamientos”. Tampoco la palabra “libertad”, excepto en la frase de Fidel Castro que sirve de exergo, donde se afirma que la Revolución “es igualdad y libertad plenas”. Sí se repiten hasta ocho veces los términos “orden”, “ordenamiento” y “ordenado”, y otras ocho veces, entre los “Lineamientos” y el “Informe central” de Raúl Castro, la palabra “disciplina”.

En lugar de desobediencia creadora, disciplina (léase obediencia); en lugar de libertad, orden.

Durante décadas, ante cualquier idea alternativa a las orientaciones que bajaban desde las alturas, nos repetían que aquellas directrices venían investidas de la más alta sabiduría, contaban en su haber con todos los datos de los que carecíamos nosotros, los simples mortales. El devenir histórico de Cuba acabará convenciéndonos de que los simples mortales teníamos algún destello de genialidad, o que el Olimpo estaba plagado de incompetentes, si aceptamos la tesis de Osias L. Schwarz: “De un máximo de observaciones, un hombre de talento extrae un mínimo de conclusiones, mientras que el genio saca un máximo de conclusiones de un mínimo de observaciones”.

Dado que se trata de los mismos incompetentes, me temo que un máximo de observaciones del mundo donde, quiéranlo o no, Cuba se inserta, no les alcancen para comprender que las naciones más avanzadas son, justamente, aquellas donde la libertad, incluso la libertad de equivocarse, es un derecho, y donde el aparato del Estado está condenado a aceptar, le guste o no le guste, la desobediencia del talento.

“Desobediencia”; en: Cubaencuentro, Madrid, 12/07/2011.  http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/desobediencia-265263





La furia de los vikingos

9 06 2011

Los telediarios abren últimamente con noticias insólitas.

El ex primer ministro conservador islandés Geeir H. Haarde comparece ante la justicia acusado de negligencia grave durante su mandato.  Lo juzgará el Landsdomur, un tribunal especial creado en 1905 para juzgar a políticos aforados. Es el primer político encausado por su actuación durante la reciente crisis.

Sigurdur Einarsson, presidente ejecutivo del más temerario banco de Islandia, el Kaupthing, es detenido en su mansión de 12 millones de euros en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres. La hipoteca no suponía ningún problema. Después de comprarla, se la alquiló a su propio banco. Las 2.400 páginas de su causa son una novela de terror financiero.

El todopoderoso presidente y director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, con cara perro apaleado, es juzgado en Nueva York por delitos sexuales contra una humilde camarera.

Los curas pedófilos comparecen ante la justicia. Se congelan las cuentas de algunos dictadores e ingresan en las listas de los más buscados por la justicia internacional. Se suprimen amnistías y puntos finales y los torturadores latinoamericanos pasan al banquillo.

¿Se estará perdiendo el respeto por las jerarquías? ¿Será verdad que todos los hombres son iguales ante la ley? ¿Estará cambiando el mundo y ya ni el poder ni el dinero disfrutan de inmunidad? Tampoco así. Hay dictadores excusables con mansión en París e inversiones en Norteamérica. Los piratas somalíes apuntan su AKM en el Golfo de Adén mientras sus intermediarios apuntan su chequera en la City de Londres. Occidente ingresa asqueado en sus fondos de inversión las fortunas esquilmadas por los sátrapas a sus pueblos.

Al encausar a los criminales de guerra nazis, los juicios de Núremberg fueron en 1945 el principio del fin de la impunidad absoluta que hasta entonces disfrutaban los políticos y militares para desatar genocidios, limpiezas étnicas y otras desinfecciones sociales. Claro que eran, obviamente, los perdedores de la guerra. A los vencedores habitualmente no se les juzga.

De entonces a acá han pasado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya generales, ex mandatarios y criminales de diferente rango, genocidas todos de sus propios pueblos. No están todos los que son, desde luego, pero sí son todos los que están. Incluso hemos escuchado a un enviado especial del gobierno ruso en Libia afirmar que Gadafi perdió la legitimidad al disparar contra su propio pueblo. Lo nunca visto desde Iván El Terrible. La inmunidad parlamentaria o eclesiástica y la autodeterminación como coartada están siendo puestas en duda por una justicia que, en teoría, se pretende internacional. Aunque, de momento, sólo se pretende.

Pero el caso de Islandia es singular. Un país donde los bancos quiebran sin ser rescatados, sus directivos pueden ir a la cárcel por su extrema codicia y el primer ministro, por negligencia criminal ante sus electores.

Con escasos recursos, salvo su abundante energía geotérmica y sus bancos de pesca, Islandia fue hasta inicios del siglo XX uno de los países más pobres de Europa, diezmado durante siglos por el hambre y las enfermedades, erupciones catastróficas, suelos estériles, clima implacable. Tiene en su haber, en cambio, una de las tradiciones democráticas más antiguas de Europa. En los 80, inspirados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el país que había sido católico y más tarde luterano, se convirtió al neoliberalismo. Privatizaciones, entre ellas la de la pesca, bajos impuestos, desregulaciones, tasa del impuesto de sociedades del 18%, una de las más bajas del mundo; 24,5% del impuesto al valor agregado; una regulación laboral flexible; hasta la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio en 2006. De modo que Milton Friedman quedó encantado cuando visitó Reikiavik. Se diversificó su economía. Manufacturas, servicios, software y biotecnología. La pesca pasó del 90 al 40% de sus exportaciones: además de pescado, productos marinos, aluminio y ferrosilicio. El país invirtió en educación, energía verde y tecnología. En 2008, el PIB percápita de Islandia en términos de paridad de poder adquisitivo fue el decimocuarto del mundo y tenía la catorceava esperanza de vida más alta, 80,67 años. El paro se redujo al 1%. Así, en el índice de desarrollo humano de la ONU 2007/2008 ocupó el primer lugar. Y en 2009 fue clasificado por la ONU como el tercer país más desarrollado del mundo. Los 320.000 islandeses parecían los seres más felices del planeta. El tigrillo celta suscitaba admiración.

De los banqueros se decía antes que era una ocupación muy aburrida que se limitaba al 3-6-3: 3% de interés a los ahorradores, 6% de interés a los préstamos y estar a las 3 en punto en el campo de golf. No sé si por la escasez de campos de golf, pero a los banqueros islandeses no les bastaba con el bacalao y el aluminio. A inicios del siglo XXI, el Estado privatizó la banca y, a imitación de sus colegas trasatlánticos, el capital financiero inició una estampida expansionista, aprovechando la desregulación y unos tipos de interés del 15% que fascinaron de inmediato a los rentistas, jubilados e inversionistas austríacos, alemanes, ingleses y holandeses. A través de Icesave (Landsbanki) y Kaupthing Edge (Kaupthing) se captaron unos 9.000 millones de euros. Si sus primos americanos empaquetaban subprimes como esas cajas de la suerte que venden a un euro en las tiendas chinas, ellos se dedicaron a captar dinero y echarlo a rodar en Las Vegas de las finanzas, hasta el punto de que los activos de los tres grandes bancos multiplicaban por 12 el PIB de Islandia. Los ejecutivos se concedían a sí mismos, a familiares, amigos y políticos afines, a menudo sin garantías, créditos millonarios que reinvertían en la ruleta financiera. La bolsa multiplicó por nueve su valor en cuatro años. Se triplicaron los precios de la vivienda. El ahorro disminuyó del 15 al 10% del PIB, la formación bruta de capital pasó del 18% al 33%. Los vikingos se volvieron locos: aprovechando que los salarios subían, que la riqueza parecía salir de la nada, y el carnaval de crédito, cada familia compró dos y tres casas, y hoy en Islandia hay 1,5 automóviles por habitante (los bebés no conducen y cada islandés sigue teniendo un solo culo). La codicia y la estupidez combinadas pueden ser letales.

De modo que antes de la quiebra, la deuda de los tres grandes bancos del país, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing, era seis veces mayor que el PIB de Islandia. Pero la fiesta estaba a punto de concluir. En 2006, el Danske Bank advirtió que el sistema financiero corría peligro. Y ya en abril de 2008 la catástrofe era inminente, a pesar de lo cual, Landsbanki blasonaba de solvencia y culpaba de su mala prensa al acoso de especuladores internacionales. Cuando estaba a punto de culpar al imperialismo y al bloqueo, llegó la hecatombe. Se abrieron las cajitas sorpresa y sólo contenían aire (viciado). Lehman Brothers, clasificada poco antes por las agencias de riesgo como lo mejor para el alma divertir, se desplomó. Entonces el gobierno británico detectó que Landsbanki estaba repatriando capitales, le aplicó la ley antiterrorista y congeló sus fondos. Gancho a la mandíbula que ocasionó la caída en cadena de toda la banca islandesa. Los vikingos descubrieron asombrados que el tigre financiero no pasaba de gato marrullero. Holanda y Reino Unido devolvieron a sus nacionales el 100% de los depósitos y exigen a Islandia 3.700 millones de euros, un tercio de su PIB. El gobierno islandés interviene Landsbanki, garantiza sus ahorros a los clientes islandeses pero deja en el limbo a los extranjeros.

A ritmo de rumba celta, la inflación se desbocó, la corona pasó de 70 por euro a 250 (lo que, por otra parte, ha favorecido las exportaciones); el PIB ha caído un 15% (en España, con todo y crisis, ha caído un 8%), los bancos perdieron unos 100.000 millones de dólares, el endeudamiento del país asciende al 300%, y los islandeses están hipotecados hasta las cejas y han perdido la mitad de su poder adquisitivo. El paro subió al 8% y la deuda pública se ha encaramado por encima del 100% del PIB. El país ha retrocedido una década. De modo que tuvo que pedir un préstamo a Rusia y ayuda al FMI, que le ha aplicado sus recetas habituales (no me refiero a la camarera de Manhattan). A pesar de todo, se prevé que la economía del país crezca un 3% este año.

Ante las presiones internacionales, el gobierno acordó que los ciudadanos pagaran en 15 años y al 5,5% de interés la deuda contraída por los bancos del país. Islandia dedicaría e eso el 1,4% de su PIB hasta 2026. Y entonces ocurrió lo que ocurrió: sin alzarse en armas en sus numerosos volcanes, a golpes de cazuela y pancarta, los vikingos enfurecidos dijeron que no, obligaron al parlamento a anular el acuerdo y llevarlo a referendo que, por supuesto, no aprobó el 97% de la población. Que cada ciudadano pague las deudas contraídas con los bancos, bien, pero que pague las deudas de los bancos con quién sabe quién, ni hablar.

Ahora la izquierda en pleno aplaude al pueblo y al gobierno islandés, gente que quiere tener su destino en sus propias manos, que no salva bancos hundidos por la avaricia ni perdona a políticos incompetentes, lo que prefigura un mundo de políticos y banqueros bien sujetos al control de sus pueblos, sin inmunidad ni patentes de corso. Otra banca es posible. Y en parte tienen razón. Pero sólo en parte.

Gylfi Zoega, uno de los más brillantes economistas de Islandia, asegura que el colapso de los bancos no fue una elección. No había dinero para rescatarlos.  De lo contrario, el gobierno los habría salvado. Y Hannes Guissurasson, neoliberal y asesor del gobierno anterior se pregunta ¿qué ley vulnera la excesiva toma de riesgos?, y vaticina que muy pocos banqueros terminarán en prisión. Lo cierto es que tras la quiebra del sistema bancario, el Estado lo ha nacionalizado, ha inyectado en ellos un capital equivalente a la cuarta parte del PIB, y se prevé que en breve comience su reprivatización. Del mismo modo que en Europa y EE. UU., como cuenta Stephane Hessel en ¡Indignaos!, los financieros causantes de la crisis han regresado a los beneficios y los bonus, puede que regrese a Islandia de puntillas el fantasma de Milton Friedman y que sólo nos enteremos después de tres erupciones volcánicas o cuando estalle la próxima crisis.

 

“La furia de los vikingos”; en: Cubaencuentro, Madrid, 09/06/2011. http://www.cubaencuentro.com/internacional/articulos/la-furia-de-los-vikingos-263931





Twitter contra el Palacio de Invierno

21 05 2011

Comenzó en Túnez, el 17 de diciembre de 2010, día de San Lázaro, Babalú-Ayé, con el suicidio de un joven vendedor, apaleado por la policía del corrupto presidente Ben Alí, quien huyó a Arabia Saudí ante la presión popular, apaleado por la muleta de San Lázaro, el 14 de enero de 2011. Siete días antes, ya las protestas se habían extendido a Argelia. El 17 de enero, un hombre se inmoló frente al parlamento egipcio. El 11 de febrero, Hosni Mubarak ya había sido depuesto, y será juzgado en abril por corrupción y asesinato. Bahrein, Jordania, Siria, Yemen, El Líbano, Marruecos, Irán, Irak, Palestina. Todo el mundo árabe, regido durante decenios por feroces dictaduras religiosas o laicas, se ha contaminado de sueños alcanzables, bien sea por la masiva confirmación de la voluntad popular en las calles, o por la fuerza de las armas cuando, como en Libia, la hipoacusia del dictador le impide escuchar los gritos y el pueblo tiene que apelar a estruendos mayores.

Presidentes auto reelegibles, jeques, emires, reyes, dictadores todos por la gracia de Dios o por la propia, tolerados o alegremente aceptados por Occidente durante todos estos años, gracias al océano de petróleo sobre el que asientan sus tronos, o porque sus dictaduras son un muro de contención contra el fundamentalismo islámico (los daños colaterales son una nota al margen). Sin excepción, autócratas obscenamente ricos. Abdalá Bin Abdelaziz, el rey de Arabia Saudí, 15.000 millones de euros; el jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan, de Emiratos Árabes Unidos, 14.000 millones; Makhtoum bin Rashid Al-Maktoum, actual primer ministro y vice presidente de los Emiratos Árabes, 10.000 millones; Ben Alí y su clan, 8.000 millones; Mubarak, 70.000 millones de dólares; Gadafi, cuya fortuna se estima en 87.000 millones de euros, aunque es difícil de calcular, tiene 150 toneladas de oro en un escondite al sur del país, y, en una sola cuenta en el Reino Unido, 4.800 millones de dólares. Y, sin excepción, comparten todos el mismo terror por esta revuelta popular, e intentan venderla a los lectores ingenuos como insurrecciones del integrismo islámico o conspiraciones extranjeras contra las más sagradas tradiciones árabes, es decir, ellos mismos.

Históricamente, invocar el peligro externo y dividir a los presuntos competidores han sido los medios más eficaces para conservar las satrapías. El solitario siervo de la gleba era más vulnerable que los gremios de artesanos concentrados en las ciudades, las asociaciones obreras y los ciudadanos unidos para exigir sus derechos. Reprimir una manifestación en las plazas y en las calles deja más evidencias que reprimir, selectivamente, a sus organizadores, y abortarla en estado embrionario. Pero ahora el poder ha topado con un enemigo escurridizo: Internet y las redes sociales. Basta un teléfono móvil para que cientos de miles de malestares se conjuguen. Y en este caso, el tamaño sí importa. Cuando un millón de ciudadanos se dan cita por los misteriosos cauces de la red y toman la calle, suelen ser imparables.

Ahora ha tocado el turno a los jóvenes españoles. No piden la derogación de sultanatos o la instauración de una democracia representativa, porque ya existe. La plataforma Democracia Real Ya anuncia que “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Y se definen como “los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes… [que] queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos”. Aducen, con razón, que una crisis provocada por la avaricia de los especuladores y el capital financiero está siendo sufragada por el pueblo, mientras quienes la ocasionaron emergen de ella más ricos que antes. No creen en los partidos ni en los sindicatos tradicionales como una solución, sino como parte del problema y, en más de 60 ciudades españolas, 130.000 ciudadanos de distintos sectores sociales lo han ratificado el domingo con su presencia, que se ha extendido a las acampadas espontáneas que aún permanecen en distintas ciudades. La de Madrid tiene su propia página, http://madrid.tomalaplaza.net. Los vecinos y comerciantes de la zona están colaborando con ellos: mantas, comida, agua. Y ya han organizado carpas para pernoctar, reparto de alimentos y recogida de basura.

Hartos de políticos ineficaces y corruptos, de políticas más atentas a la conservación del poder que a las necesidades de los ciudadanos, esta plataforma horizontal, asamblearia y abierta, pretende crear otro modelo de sociedad civil, que no sólo emita su opinión o su voto, sino que tenga un peso decisivo en la cosa pública. Añaden que su propósito es “coordinar una acción global y común entre todas aquellas asociaciones, grupos y movimientos ciudadanos que, a través de distintas vías, están intentando contribuir a que la actual situación cambie”.

Hartos de mentiras, escándalos de corrupción, dobles raseros, clientelismo, intereses espurios, discursos trucados y otras lindezas de una clase política que ya la población considera el tercer problema de España, después del paro y la economía, sus pancartas se refieren no tanto a lo que quieren como a lo que no quieren: “Alternancia no es igual a democracia”, “Vuestra crisis, no la nuestra”, “Los políticos no nos representan”, “La banca siempre gana y no me da la gana”, “No es una crisis, es una estafa”, “Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”, “No hay pan para tanto chorizo”, embutido que apoda en España a los delincuentes y corruptos.

Y esto, en plena campaña electoral donde los políticos gastan alegremente el presupuesto público (el mismo que ha sufrido drásticos recortes, sobre todo en políticas sociales) en vendernos una mercancía, cuando menos, defectuosa. Y, en el peor de los casos, falsificada.

Entre las libertades, garantías y derechos que otorga cualquier democracia occidental y los regímenes que han derrocado o intentan derrocar los ciudadanos árabes, hay la misma distancia que entre el derecho de pernada y el sufragio universal. No obstante esta situación privilegiada, si la comparamos con el resto del planeta, y a pesar de sus objetivos aún por traducir en medidas concretas, este movimiento espontáneo convocado a través de las redes sociales es el anticipo de una nueva democracia. Recordar que el significado de demoskratos es “gobierno del pueblo”, no de un puñado de políticos; que necesita la figura del ho boulomenos, “cualquier persona que lo desee”, en los asuntos de gobierno, y que la última palabra corresponde a la asamblea, que ahora sí podría ser universal gracias a la red. Algo que no se consigue, desde luego, si la sociedad, apática, permite que la gobiernen (o malgobiernen) en su nombre un puñado de elegidos.

Internet ha democratizado el acceso a la información como nunca antes, ha arrojado luz (antes y después de Wikileaks) sobre la penumbra donde tan a gusto se mueven los políticos entre bambalinas, y ya se sabe que el control del conocimiento privilegiado ha sido siempre la primera arma de los políticos para manipular al demos, antes que las espadas o los fusiles.

La educación e información universales, la comunicación sin fronteras y las redes sociales permiten hoy, al menos en una buena parte del mundo, un modelo de democracia permanente que no se limite a depositar un voto (que a veces parece una patente de corso) cada cuatro años; una democracia que degrade a los políticos a ejecutores del mandato popular, servidores públicos nombrados por los electores. Como en cualquier sociedad anónima, será la junta de accionistas, en este caso de electores, la que decida sus atribuciones, sus obligaciones, sus límites y sus emolumentos. Es inmoral que los políticos se gratifiquen a sí mismos con salarios indecentes por un desempeño muchas veces mediocre. Como en cualquier empresa, éste dependerá de los resultados y deberá ser aprobado por sus votantes.

Como demuestra Suiza, una de las democracias más perfeccionadas del planeta, y donde toda decisión importante debe aprobarse en referendo, una sociedad madura no necesita líderes iluminados sino gestores competentes a los que se confirme o remueva en dependencia de su ejecutoria.

El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre según el calendario juliano, los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno de San Petesburgo. Prometían el poder a los obreros y campesinos y, en su lugar, concedieron a los rusos, más que el poder, la obligación de aplaudir a los nuevos zares. Hoy el Palacio de Invierno de la vieja política está siendo asaltado por twitter y sin derramar una gota de sangre.

 

“Twitter contra el Palacio de Invierno”; en: Cubaencuentro, Madrid, 21/05/2011. http://www.cubaencuentro.com/internacional/articulos/twitter-contra-el-palacio-de-invierno-263106