Victoria de la razón

5 12 2001

Por décima vez consecutiva, el embargo norteamericano ha sido condenado por amplia mayoría. Esta vez 167 países votaron a favor de la resolución 56/9, 3 votaron en contra y tres se abstuvieron. “Contundente victoria de Cuba en las Naciones Unidas”, puede leerse en el Diario Granma, ansioso por demostrar, como de costumbre, que el planeta en pleno apoya al gobierno de la Isla. Olvidando que la inmensa mayoría de esos países votó hace no mucho a favor de condenar al gobierno cubano por su sistemática violación de los derechos humanos. En aquel momento la prensa insular tildó a esas mismas naciones de lacayos del Imperio, lamebotas y sobornados. En su esquema maniqueo de las relaciones internacionales, no parecen comprender que existe algo llamado “independencia de criterio”.

De hecho, no se trata de una victoria del gobierno cubano —que ha secuestrado el nombre de Cuba durante medio siglo—, sino de la razón.

En teoría, el embargo tiene como propósito presionar a la Isla para forzar el cambio hacia un Estado de derecho y el respeto a las libertades individuales. Y la razón nos dice que si no lo ha conseguido en 43 años, algo falla. Las únicas dos empresas que han aplicado empecinadamente la misma política durante 43 años, a pesar de su probada ineficacia, son el gobierno cubano y quienes mantienen en Estados Unidos el embargo. En ambos casos se invoca la felicidad de los cubanos. En ambos casos, la felicidad de los cubanos es lo que menos cuenta.

Cuando ya la ineficacia del embargo había quedado sobradamente demostrada, e incluso su utilidad para el gobierno de la Isla, que la emplea como hoja de parra para tapar su ineficiencia, la respuesta norteamericana fue recrudecerlo, al aprobar la Ley Helms-Burton. Una ley que “procura sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en la Isla y otros fines”. Su presupuesto básico es sancionar y reparar “el robo por ese Gobierno [el de Castro] de propiedades de nacionales de los Estados Unidos”, haciendo de ello un instrumento para la democratización de Cuba.

Y será el presidente de Estados Unidos quien determine cuándo existe un gobierno de transición. Dimanar de elecciones libres e imparciales y una clara orientación hacia el mercado, sobre la base del derecho a poseer y disfrutar propiedades, son las condiciones adicionales para que el mismo presidente concluya que se trata de un gobierno elegido democráticamente, momento en que la felicidad reinará en la Isla, ya que el bienestar del pueblo cubano se ha afectado, según la ley, por el deterioro económico y por “la renuencia del régimen a permitir la celebración de elecciones democráticas”. La primera razón es obviamente correcta. La segunda, indemostrable. Taiwán, Corea y Chile, por un lado; Haití, Nicaragua y Rusia, por el otro, demuestran que la democracia de las urnas y la democracia del pan no forman un matrimonio indisoluble.

La presunta “amenaza castrista” permite a la ley apelar a la extraterritorialidad y sancionar a terceros países, dado que “El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o está destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio” (sic). [No sólo a entidades y personas que]”trafiquen con propiedades confiscadas reclamadas por nacionales de los Estados Unidos”, sino a quienes establezcan con Cuba cualquier comercio en condiciones más favorables que las del mercado; donen, concedan derechos arancelarios preferenciales, condiciones favorables de pago, préstamos, condonación de deudas, etc., etc. Es decir, todo lo que proporcione al Gobierno Cubano “beneficios financieros que mucho necesita (…) por lo cual atenta contra la política exterior que aplican los Estados Unidos”. De modo que el planeta Tierra y sus alrededores quedan advertidos: Cualquier acción que contradiga la política exterior norteamericana respecto a Cuba, queda terminantemente prohibida.

El resultado ha sido la posposición indefinida de la aplicación de sus capítulos más drásticos. Helms y Burton no tomaron en cuenta que esas actividades económicas son también beneficiosas para los inversionistas, y como la primera ley del capital es la ganancia, la primera libertad democrática es la libertad de empresa, y el primer deber de un gobierno es defender a sus ciudadanos, y si son empresarios, más aún, la protesta ha sido unánime, consiguiendo de rebote la solidaridad hacia el pueblo cubano (que el gobierno de Fidel Castro monopoliza para su usufructo). En lugar de quedar “aislado el régimen cubano”, la ley ha conseguido aislar a Estados Unidos, como se observa en cada votación de la ONU al respecto.

Está claro que Fidel Castro jamás aceptará las decisiones de una corte norteamericana, de modo que no será él quien pague las propiedades que expropió. ¿Quién las pagará entonces? Aunque la Ley Helms-Burton estipula que el presidente de Estados Unidos podrá derogarla una vez se democratice la Isla, las reclamaciones anteriores a esa fecha tendrán que ser satisfechas (incluso la voluntad de satisfacerlas es condición para que el nuevo gobierno sea aceptable); de modo que se da el contrasentido: Una ley dirigida contra Castro sólo afectará al gobierno de transición o al “democráticamente electo” que lo suceda, es decir, el que, al menos teóricamente, propugna la ley. Gobierno que heredará un país arruinado, y una deuda que no contrajo. Si el propósito es fomentar el nacimiento de una democracia precaria, está muy bien pensado.

Con ley o sin ella, si a alguien faltará lo elemental, no será a Fidel Castro, factor que deberíamos tener en cuenta todos los cubanos al pronunciarnos al respecto. Aunque alguno ha afirmado que se trata de “alentar” a los cubanos a “derrocar la dictadura”. Una especie de “Sublevación o Muerte” que desde el exilio veremos por televisión.

La oposición cubana al embargo/bloqueo, puede inducir a algunos analistas a pensaren su presunta utilidad. Si observamos con atención, descubriremos que esa oposición es retórica, y que todo intento de distensión ha sido bombardeado desde La Habana, dado que los beneficios económicos del cese del embargo no compensarían la rentabilidad política de su mantenimiento, que permite al señor Fidel Castro mantener un discurso victimista, convocar la solidaridad internacional y justificar el desastre del país.

En 43 años se las ha ingeniado para domar con discursos y represión la miseria de su pueblo. Pero sabe que sería más difícil manejar las consecuencias de una apertura en toda regla, la invasión de turistas, productos y capital norteamericano. Razón por la que hasta hoy ha admitido la inversión extranjera sólo en la medida que le ayuda a paliar los efectos de la crisis y colaborar en su propia supervivencia. Entonces, ¿esas inversiones que el embargo y la Ley Helms-Burton pretenden evitar, contribuyen a apuntalar al gobierno actual? A corto plazo, sí. Pero también alivian la dramática supervivencia de los cubanos que viven en la Isla, cuyo sufrimiento no puede ser la moneda con que se compre una presunta “transición democrática”. Y a mediano plazo, cada empresa que se desliza a otro tipo de gestión demuestra la ineficacia de la economía estatal ultracentralizada al uso, y debilita los instrumentos de control del individuo por parte del Estado. Concede al pueblo cubano una percepción más universal, más abierta, y de ahí una mayor noción de sus propios derechos, o de su falta de derechos, en contraste con los que se otorgan al extranjero en su propia tierra; desmitificando el camino trazado desde arriba como el único posible.

Hoy los turistas y los empresarios extranjeros corroen más que cualquier embargo las doctrinarias exhortaciones al sacrificio. La mayoría sospecha que el porvenir no queda hacia delante, por la línea trazada que se pierde más allá del horizonte y cuyo destino es por tanto invisible, sino hacia el lado. Más al alcance de la mano.

Victoria de la razón”; en: Cubaencuentro, Madrid,5 de diciembre, 2001. http://www.cubaencuentro.com/internacional/2001/12/05/5211.html.

 


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