Habaneceres

Mientras Dinamarca, país que pocas inversiones tiene en Cuba, veta el reglamento comunitario contra la Ley Helms-Burton aduciendo que vulnera su Constitución; la Cumbre Iberoamericana rechaza terminantemente la Ley. Pero quizás se habla demasiado y se sabe poco de esa Ley que «procura sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en la Isla y otros fines». Su presupuesto básico es sancionar y reparar «el robo por ese Gobierno (el de Castro) de propiedades de nacionales de los Estados Unidos», haciendo de ello un instrumento para la democratización de Cuba. He leído varios artículos que invocan su carácter justiciero. Se invoca al pobre galleguito que sufragó su bodega con años de sudor y malcomer, para que Fidel se la quitara. Yo recordé al chino de Genios e Industria, que vino huyendo de Mao, montó su almacén, apareció Fidel y terminó de asalariado en Miami. Pero el chino y el gallego, así sean ciudadanos norteamericanos, sólo podrán recuperar su bodega «si el monto de la reclamación supera la suma o el valor de 50 000 dólares sin considerarse los intereses, gastos y honorarios de abogados» (sic). De modo que ya sabemos quiénes serán los presuntos beneficiarios.

Y será el Presidente de los Estados Unidos quien determine cuándo existe un gobierno de transición. Dimanar de elecciones libres e imparciales y una clara orientación hacia el mercado, sobre la base del derecho a poseer y disfrutar propiedades, son las condiciones adicionales para que el mismo Presidente concluya que se trata de un gobierno elegido democráticamente, momento en que la felicidad reinará en la Isla, ya que el bienestar del pueblo cubano se ha afectado, según la ley, por el deterioro económico y por «la renuencia del régimen a permitir la celebración de elecciones democráticas». La primera razón es obviamente correcta. La segunda, indemostrable. Taiwán, Corea y Chile, por un lado; Haití, Nicaragua y Rusia, por el otro, demuestran que la democracia de las urnas y la democracia del pan no forman un matrimonio indisoluble. Sólo me queda claro un derecho que Occidente defiende sin reticencia: «la garantía del derecho a la propiedad privada», como reza la ley.

)Cómo restablecer en Cuba ese derecho?, es una pregunta que intenta responder el tándem Helms-Burton: En teoría, logrando mediante medidas de presión el desmoronamiento del gobierno cubano. En la práctica, estrangulando al pueblo cubano por cualquier medio, incluso «un embargo internacional obligatorio» de la ONU, hasta que la subversión brutal a cualquier costo sea el único y estrecho pasadizo hacia la supervivencia probable.

Claro que aún las más drásticas medidas (no importa sobre quién recaigan) están justificadas, dado que «el Gobierno de Cuba ha planteado y continúa planteando una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos». Y reitera en varios párrafos «las amenazas de terrorismo constantes del Gobierno de Castro», e incluso advierte que «la terminación y explotación de cualquier instalación nuclear» y «cualquier nueva manipulación política del deseo de los cubanos de escapar que provoque una emigración en masa hacia los Estados Unidos, se considerará un acto de agresión que recibirá la respuesta adecuada…». De ésto cualquier lector ingenuo derivaría las siguientes conclusiones:

11. El monstruoso bloqueo y las continuas amenazas que la potencia castrista impone a los pobrecitos Estados Unidos justifican cualquier medida defensiva. Y

21. Según el derecho de reciprocidad, el gobierno cubano puede decidir qué instalaciones nucleares norteamericanas son admisibles.

Y un lector no tan ingenuo detectaría que la ley padece cierta amnesia: la emigración cubana post-revolucionaria, que muy en sus inicios pudo ser política ─Estados Unidos acogió incluso a criminales de guerra buscados por la justicia cubana, con lo que sentó un pésimo precedente que Castro ha retomado─, se convirtió muy pronto en mayoritariamente económica; con la diferencia (respecto a los mexicanos, por ejemplo, que sí emigran masivamente) de que siempre fue objeto de manipulación política por ambos bandos: Estados Unidos obstaculiza la emigración legal y alienta la ilegal. Cuba abre y cierra a conveniencia la válvula de escape. Unas dantescas elecciones donde los cubanos sólo han votado con sus cadáveres, arrastrados por la Corriente del Golfo a algún cementerio secreto del Atlántico Norte.

La Ley Helms-Burton está destinada a defender los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas a costa de quien sea. Pero aún más, la «amenaza castrista» permite a la ley apelar a la extraterritorialidad y sancionar a terceros países, dado que «El derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o está destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio» (sic). No sólo a entidades y personas que «trafiquen con propiedades confiscadas reclamadas por nacionales de los Estados Unidos», sino a quienes aporten personal técnico, asesor o colaboren de algun modo con la central nuclear de Juraguá (obra del actual gobierno cubano en colaboración con la Unión Soviética (e.p.d.); a quienes establezcan con Cuba cualquier comercio en condiciones más favorables que las del mercado; donen, concedan derechos arancelarios preferenciales, condiciones favorables de pago, préstamos, condonación de deudas, etc, etc. Es decir, todo lo que proporcione al Gobierno Cubano «beneficios financieros que mucho necesita (…) por lo cual atenta contra la política exterior que aplican los Estados Unidos». De modo que el planeta Tierra y sus alrededores quedan advertidos: Cualquier acción que contradiga la política exterior norteamericana respecto a Cuba, queda terminantemente prohibida.  El resultado hasta ahora: sólo 16 empresas han suspendido sus negocios con Cuba. )Razones? Helms y Burton no tomaron en cuenta que esas actividades económicas son también beneficiosas para los inversionistas; y como la primera ley del capital es la ganancia, y la primera libertad democrática es la libertad de empresa, y el primer deber de un gobierno es defender a sus ciudadanos, y si son empresarios, más aún, la protesta ha sido unánime: La Unión Europea está dispuesta a dar batalla y prepara sanciones si al fin Clinton decide aplicar la ley tal cual; México y Canadá han elevado protestas formales; incluso la hasta ayer dócil OEA ha repudiado la ley, consiguiendo de rebote la solidaridad hacia el pueblo cubano (que de un modo u otro se convierte en apoyo al gobierno de Fidel Castro). En lugar de quedar «aislado el régimen cubano», la ley ha conseguido aislar a los Estados Unidos.

Está claro que Fidel Castro jamás aceptará las decisiones de una corte norteamericana, de modo que no será él quien pague las propiedades que expropió. )Quién las pagará entonces? Aunque la Ley Helms-Burton estipula que el Presidente de Estados Unidos podrá derogarla una vez se democratice la Isla, las reclamaciones anteriores a esa fecha tendrán que ser satisfechas (incluso la voluntad de satisfacerlas es condición  para que el nuevo gobierno sea aceptable); de modo que se da el contrasentido: Una ley dirigida contra Castro sólo afectará al gobierno de transición o al «democráticamente electo» que lo suceda ─los que, al menos teóricamente, propugna la ley─. Gobierno que no sólo heredará un país arruinado por el desbarajuste económico, sino también una deuda que no contrajo. A lo que se sumará la mediatización impuesta por las preferencias, posiblemente decisivas, de Estados Unidos sobre el futuro político de Cuba. Aunque la ley Helms-Burton afirma «No dispensar ningun tratamiento de preferencia a persona o entidad alguna ni influir a su favor en la selección que haga el pueblo cubano de su futuro gobierno», de entrada veta a los Castro, y de salida exije el levantamiento de interferencias a Tele y Radio Martí (lo lógico sería su desmantelamiento una vez concluida la beligerancia), que se convertirían en medios de propaganda electoral no sujetos a la equitativa distribución de espacios entre formaciones políticas que la propia ley exige a las futuras autoridades cubanas.  Como si no bastara la diferencia «de león a mono amarrao» entre la solvencia de las formaciones políticas del exilio, en especial la que constituye el lobby de presión más fuerte de Washington, y cualquiera que recién aparezca en la Isla. Si el propósito es fomentar el nacimiento de una democracia precaria, está muy bien pensado.

Los efectos de la Ley Helms-burton, pueden ser diametralmente contradictorios, y entorpecer más que facilitar una transición democrática en Cuba. Pero ya eso es una tradición en la política norteamericana hacia la Cuba revolucionaria. Al parecer, su famoso pragmatismo falla cuando se trata de lidiar con Fidel Castro, superviviente del bloqueo y el desastre económico,  del rechazo internacional, el descontento y el éxodo, incluso de la caída de la URSS. Lección clara: la ley del garrote sólo consigue incrementar el repudio mundial hacia una política incompatible con el derecho internacional (e ineficaz, de contra); y aunque el bloqueo (que la ley pretende recrudecer) haga más difícil la vida del cubano de a pie, su efecto político es contradictorio: en 37 años, cada presión no ha hecho sino consolidar al pueblo alrededor del líder y frente al enemigo externo. Ahí viene el lobo, grita la Caperucita Roja. Y el lobo viene, como si se hubieran puesto de acuerdo para comerse a la abuelita que hace la cola para el pan en la Habana Vieja. De modo que el bloqueo carga las culpas que le corresponden, y algunas más de contrabando. Si alguna vez Estados Unidos comprendiera ésto y lo levantara, la ineficaz burocracia cubana desfilaría en manifestación denunciando «esa nueva maniobra del Imperialismo».

Pero me asombra más, incluso me aterroriza, que la comunidad cubana de Miami se decante abrumadoramente por esta solución; sabiendo ─no hay que ser muy perspicaz─ que con ley o sin ella, si a alguien faltará lo elemental, no será a Fidel Castro, sino a mi hermana y a tus primos, cuyo único derecho es soportar el peso de la pirámide, para que ahora se le sienten encima Helms, Burton y un millón de exiliados. No importa cuántos mueran por falta de un medicamento o de una intervención quirúrgica (que en el último año se han reducido casi a la mitad). Es el castigo por haberse quedado en Cuba. El gobierno norteamericano, que a mediano y largo plazo (obviemos ese cíclico interés cuatrianual por el exilio cubano) responde a sus intereses, puede pasar por alto esta pequeña circunstancia. Los cubanos, no. Si lo que se pretende es una Cuba mejor, libre y democrática (ningun político reconocerá lo contrario), deberán tener en cuenta algo que Tucídices ya sabía hace dos milenios: que la ciudad no son sus murallas sino sus gentes. Y los habitantes de la Isla serán los primeros en sospechar de quienes pretenden inmolarlos «por su bien». Alguno ha afirmado que se trata de «alentar» a los cubanos a «derrocar la dictadura». Una especie de «Sublevación o Muerte». Sólo que quienes instan al martirologio sólo lo verán por televisión.

Aunque el riesgo de desnacionalizar la Isla deje de ser mera hipótesis; no quedaría otro camino que la inversión masiva de capital, precisamente lo que la nueva ley pretende evitar.  )Y esas inversiones no apuntalarían al gobierno actual? A corto plazo, sí. Pero también aliviarían la hoy dramática supervivencia de los cubanos que viven en la Isla, cuyo sufrimiento no puede ser la moneda con que se compre una presunta «transición democrática». Y a mediano plazo, cada empresa que se deslice a otro tipo de gestión demostrará la ineficacia de la economía estatal ultracentralizada al uso, debilitará los instrumentos de control del individuo por parte del estado. La descentralización de la economía desverticalizará paulatinamente la sociedad, abrirá nuevos márgenes de libertad y concederá al pueblo cubano una percepción más universal, más abierta, y de ahí una mayor noción de sus propios derechos, o de su falta de derechos, en contraste con los que se otorgan al extranjero en su propia tierra; desmitificando el camino trazado desde arriba como el único posible. Amén de que la dinámica del capital exigirá nuevos espacios, nuevas aperturas.

Hoy los turistas y los empresarios extranjeros corroen más que cualquier bloqueo las doctrinarias exhortaciones al sacrificio. Muchos empiezan a sospechar que el porvenir no queda hacia delante, por la línea trazada que se pierde más allá del horizonte y cuyo destino es por tanto invisible, sino hacia el lado. Más al alcance de la mano.

En La Habana, ciudad que por falta de mantenimiento constructivo e inversión inmoviliaria puede ser declarada inhabitable en un 50% a fin de siglo, se invierte el cemento en una red de refugios antiaéreos (Ahí viene el lobo, de nuevo). Pero el gobierno sabe que no hay refugio posible si el bombardeo es con dólares. Helms y Burton todavía no se han enterado.