Comienza para las autoridades cubanas, una vez más, la batallita de Ginebra, bailando en la cuerda floja para conseguir que no se les aplique una sanción por violar los más elementales derechos humanos.

El gobierno de La Habana fue condenado por la Comisión de DDHH, ininterrumpidamente, desde 1990 a 1997. Se le impuso un relator que la Isla no aceptó, amparándose en su autodeterminación y creando más dudas, si cabe, sobre sus votos de respeto a los derechos humanos. En 1998, la moción de condena no fue aprobada, hecho que la prensa cubana celebró como un gran triunfo. Efímero, a juzgar por las sucesivas condenas sufridas entre 1999 y 2001, al aprobarse por mayoría —22 votos contra 20 y 10 abstenciones en 2001— las resoluciones presentadas por la República Checa. Lo que no significa que La Habana haya hecho el más mínimo caso a la exhortación a “asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba».

¿Tiene algún sentido condenar al gobierno de la Isla, cuando ello no entraña más que una condena moral, sin ninguna consecuencia política o económica?

¿Tiene sentido que Estados Unidos y el exilio cubano derrochen cada año miles de horas-cabildeo para conseguir una nueva condena?

Y por último: ¿Tiene sentido que las autoridades de la empobrecida Isla se gasten cada año, en viajes y reuniones de funcionarios, en tráfico de influencias y ayudas por votos a países africanos, sumas que paliarían el hambre y la falta de medicamentos de los cubanos, todo para evitar una condena en Ginebra?

El reciente discurso del canciller Felipe Pérez Roque, en el 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Ginebra, el pasado 26 de marzo, puede esclarecer algunas de esas dudas. Pérez Roque insiste en varios aspectos:

1-Urge democratizar y hacer transparentes los métodos de la Comisión, y subraya su falta de credibilidad y su extrema politización.

2-Define a la Comisión como rehén de los países ricos, y ejemplifica su doble rasero con la crítica al estado de los DDHH en 18 países del Tercer Mundo (en el caso de Cuba por brutales presiones) y ninguno del primero. “¿Es porque no existen tales violaciones, o porque resulta imposible en esta Comisión criticar a un país rico?”. Y explica el peso de los países desarrollados dado que éstos “Son los que pueden acreditar aquí delegaciones numerosas, son los que presentan la mayoría de las resoluciones y decisiones que se adoptan, son los que tienen todos los recursos para realizar su trabajo”.

3-Interpreta el planeta como una tiranía de Estados Unidos, y aunque antes acusaba en bloque a todos los países ricos, más tarde los invita a una coalición anti norteamericana y alerta sobre “un peligro común a todos: el intento de imponer una dictadura mundial al servicio de la poderosa superpotencia y sus transnacionales, que ha declarado sin ambages que se está con ella o contra ella”. Admite, en cambio, que Estados Unidos fue excluido del foro, sin que hayan dado resultado sus esfuerzos por regresar.

4- Reclama varios derechos: al desarrollo y a recibir financiamiento para lograrlo. Derecho a recibir compensación por los siglos de esclavitud y colonialismo. Derecho a que se condone la deuda externa. Derecho a salir de la pobreza, a la alimentación, a garantizar la atención de la salud, derecho a la vida, a la educación, a disfrutar del conocimiento científico y de nuestras culturas autóctonas. Derecho a la soberanía, a vivir en un mundo democrático, justo y equitativo.

5-Y exige a Estados Unidos no “seguir desatando guerras que no solo no resuelven los conflictos, sino crean otros nuevos y aún más peligrosos”, que renuncie al empleo del arma nuclear, que no rompa el tratado ABM, que acepte el principio de verificación de la convención sobre armas biológicas, firme el Protocolo de Kyoto, otorgue el 0,7% de su PIB al desarrollo de las naciones más desfavorecidas, ponga fin a sus prácticas proteccionistas unilaterales e imponer arbitrarios aranceles, y una decena de exigencias más, como ocuparse del caso Enron y no de la corrupción ajena, etc., etc.

Ciertamente, hay varios puntos en los que al canciller cubano le asiste la razón: la Comisión está politizada y sus decisiones no se atienen, exclusivamente, a la justicia o injusticia de la moción, sino a un balance de influencias. Y Cuba, al ejercer un intenso cabildeo, no está excluida.

Existen, sin dudas, violaciones de los DDHH en los países ricos, pero al ser, sin excepción, países democráticos, la impunidad ante tales hechos es infinitamente menor que en naciones donde rigen sistemas totalitarios.

El predominio de Estados Unidos es indiscutible. No obstante, Cuba jamás se pronunció contra los desafueros del Imperialismo Soviético, ni contra la usurpación del Tibet por los chinos, de modo que sus acusaciones resultan demasiado interesadas para ser confiables.

Igualmente, podemos coincidir en la mayoría sus exigencias a Estados Unidos —en especial cuando se refiere al Protocolo de Kyoto, o los acuerdos y convenciones de desarme—, sólo que debería hacerlas extensivas a China o Rusia. Cosa difícil cuando la Isla ni siquiera acepta la convención internacional referida al uso de minas antipersonal, de las que en Angola dejó un extenso sembrado; ni ha sido un ejemplo de pacifismo, al promover guerras en tres continentes y enviar en 30 años más tropas cubanas al exterior que en los 500 años anteriores de historia insular.

Cuba se abroga el derecho de detentar el monopolio comercial e imponer a sus ciudadanos una plusvalía superior al 200% en los productos que les vende en una moneda que ni siquiera es la del país, de modo que sus quejas sobre los aranceles norteamericanos —que otros países podrían reivindicar en justicia— son de un cinismo difícilmente explicable.

En principio, el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos del planeta a la educación, la asistencia sanitaria y una vida digna, son loables. Pero, ¿cómo conseguirlo? Es algo de lo que Cuba se desentiende, o al menos descarga en otros esa responsabilidad. ¿Pueden unos gobernantes que han empobrecido a su propio país, dictar pautas en ese sentido? Es algo dudoso. Y si no fuera trágica, sería risible la pretensión de que Cuba es ejemplo de “un mundo democrático, justo y equitativo”. No obstante, coincidimos en exigir a las naciones desarrolladas una mayor sensibilidad en las soluciones globales, una mayor implicación en equilibrar la balanza de la riqueza en el planeta. Y que a los países del Tercer Mundo les corresponde poner voluntad de desarrollo, combatir la corrupción, las guerras fratricidas y fomentar una transparencia que invite a la ayuda, y no la desestimule.

Ahora bien, más allá de coincidencias o descoincidencias, ¿qué relación existe entre Enron, Kyoto, el tratado ABM o el 0,7%, y el hecho de que en Cuba no existe un sistema democrático, se persigue cualquier opinión alternativa y todas las libertades ciudadanas están sujetas a los omnímodos dictados de un solo ciudadano? Ninguna. Se trata, simplemente, de esquivar la mirada crítica de la comunidad internacional dirigiéndola hacia otra parte. Y el subterfugio es el de costumbre: “los asuntos internos del país” y la “autodeterminación”, que han servido de coartada y cortina a las dictaduras de cualquier signo.

Cuando Pérez Roque se pregunta: “¿Por qué no luchar por la democracia no sólo dentro de los países, sino en las relaciones entre los países?”. Yo respondería: “¿Por qué no luchar por la democracia dentro de los países, y también en las relaciones entre los países?”. Y asegura que “Nos opondremos con todas nuestras fuerzas al intento de singularizar a Cuba”. Pero reivindica la singularidad de Cuba: una presunta “democracia participativa” que incluye al dictador más veterano del planeta, un anti capitalismo presuntamente feroz que nadie comparte, y un desprecio total por la voluntad de su pueblo, afín a los peores gobernantes del planeta.

¿Vale la pena entonces que Cuba se sumerja en una batalla anual por evitar la condena? Según el propio canciller cubano, no. Para él “No existe el país con la autoridad moral para proponer una condena contra Cuba”. Añadiendo que quienes le condenan no lo hacen “por supuestas convicciones democráticas o compromiso con la defensa de los derechos humanos”, sino “por falta de valor para enfrentar las presiones de Estados Unidos, y esa traición no podría merecer otra cosa que nuestro desprecio”. La explicación de tanta seguridad es que Cuba constituye la luz y guía “para miles de millones de hombres y mujeres de América Latina, África, Asia y Oceanía”. Siendo así, una condena sería casi un mérito. Y poniendo a Fidel Castro —hijo de Jehová Marx— en el lugar de Cristo, llega a exclamar: “Confiamos en que no aparezca ahora un Judas en Latinoamérica”.

Pero el juego es más complejo. En caso de no ser sancionado, el gobierno cubano blasonará ante la comunidad internacional, y ofrecerá argumentos a sus (aún) seguidores en el mundo. En caso de perder, alimentará la teoría del victimismo que con tanta habilidad ha empleado durante casi medio siglo.

¿Vale la pena hacer esfuerzos porque se apruebe la moción de condena? Decididamente, sí. En primer lugar, porque es una condena moral, no una sanción económica cuyas consecuencias recaerían en el pueblo cubano y no en sus gobernantes. Y existe otra razón: Por vocación doctrinaria, romanticismo trasnochado, intereses viles, antiyanquismo acérrimo o pura ingenuidad, todavía existen millones de personas en el planeta, gobiernos incluso, que perdonan al señor Fidel Castro lo que han censurado a otros dictadores. De ese modo, el largo drama del pueblo cubano despierta menos simpatías y comprensión que el de otros. Así, la reiteración de la condena es, cuando menos, un dato que incitará a pensar a gobiernos y personas que aún miran hacia Cuba a través de un prisma erróneo si la realidad imaginada coincide con la realidad que padecen diariamente once millones de cubanos.

No se condena a Cuba en las Naciones Unidas. Se condena al gobierno cubano. Y condenar al gobierno es un modo de salvar a Cuba.

“Ginebra una vez más”; en: Cubaencuentro, Madrid, 4 de abril, 2002. http://arch.cubaencuentro.com/internacional/2002/04/04/7155.html.