Revocación del miedo

15 05 2002

En su comunicado a todos los cubanos, Oswaldo Payá Sardinas, presidente del Movimiento Cristiano Liberación, acaba de informar de la presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, del ya conocido Proyecto Varela, que propone llevar a referendo cinco puntos cruciales:

•Derecho a asociarse libremente

•Derecho a la libertad de expresión y de prensa

•Amnistía

•Derecho de los cubanos a formar empresas

•Una nueva ley electoral.

Para conseguirlo, se han reunido, según el propio Payá, 20.000 firmas, de las que, como consecuencia de la fuerte represión desatada, se han presentado 11.020. Ellas permitirán a la Asamblea Nacional, al menos teóricamente, debatir la puesta en marcha del posible referendo.

El proceso que acaba de concluir con la entrega de las firmas ha sorteado enormes dificultades para llevar a término lo que en cualquier país del mundo sería un trámite rutinario. La primera es que una buena parte de los opositores que habrían firmado gustosamente la petición, han sido desprovistos de sus derechos políticos, precisamente por sus opiniones políticas. La segunda es convencer a muchos cubanos de que abandonen el confortable doble discurso (la verdad privada vs. el silencio público) y rubriquen sus opiniones impronunciadas, ateniéndose a las consecuencias. La tercera ha sido convencer a los cubanos de la honestidad de los promotores del proyecto, sin otros medios que el contacto personal frente a toda la maquinaria propagandística al servicio del poder, que se ha empleado a fondo durante decenios en deslegitimizar cualquier disidencia, echando mano a la calumnia, el escarnio y la mentira; impunemente, dado su monopolio de los medios. Y, por último, la represión desatada, con incautación de firmas, prisión y amenazas.

Parecía imposible que las firmas llegaran a la Asamblea Nacional, pero así ha sido, y no gracias a las facilidades concedidas por las autoridades.

Una vez llegados a este punto, se abren varias posibilidades:

La más probable: que la Asamblea —es decir, el señor Fidel Castro, dueño de la Asamblea—, decida la improcedencia del referendo, y éste muera antes de nacer. Ni siquiera necesitará explicar al pueblo cubano su postura, dado que la prensa hará disciplinado silencio. Millones de cubanos ni siquiera sabrán que se ha desestimado sin más la propuesta de sus compatriotas, aún refrendada por la Constitución, un documento que en su día votó la casi totalidad de los electores.

La menos probable: Que el referendo se lleve a cabo. Muy hipotética, dado que, mientras blasona de contar con la adhesión masiva de los cubanos, el gobierno jamás se ha atrevido a poner en manos de los ciudadanos decisiones estratégicas para su monopolio del poder, como el derecho a asociarse libremente, que sacaría de las catacumbas a los grupos opositores, los engrosaría mediante la amnistía y fomentaría sindicatos libres; o el derecho a la libertad de expresión y de prensa, cuando bien saben que la información es poder; por no hablar de los derechos económicos y de una nueva ley electoral, que someterían sus monopolios tradicionales a la competencia.

La mucho menos probable: que efectuado el referendo, la mayoría de los electores diera el visto bueno a las reformas.

Y la inimaginable: que un resultado adverso obligue automáticamente al señor Fidel Castro a aceptar la voluntad popular.

Esta cadena de improbabilidades explica que desde su nacimiento el proyecto haya sido objetado por numerosos detractores que lo consideran un esfuerzo inútil, cuando no una legitimación del gobierno actual, al actuar dentro del marco de la Constitución vigente. De este marco de actuación se desprende el segundo bloque de objetores: una zona del exilio cubano que se considera excluida, ya que al ser despojados de sus derechos electorales en Cuba (aunque conserven la ciudadanía), quedan descartados automáticamente de refrendar con su firma el proyecto. El propio Payá ha declarado promover un cambio pacífico y desde dentro. “Porque si el cambio es violento, el gobierno que venga será un gobierno de fuerza y si esperamos que el cambio llegue desde afuera, entonces el pueblo no será protagonista del cambio”. Y la expresión “desde afuera”, ha subrayado la postura de esa zona del exilio. Por último, hay quienes acusan al proyecto de una concesión de principios: ¿por qué someter al veredicto público derechos que son inalienables a la condición ciudadana, como las libertades económicas, de expresión o asociación?

Sin dudas, a todos estos opositores les asiste una dosis de razón. Claro que cabría aclarar algunas cosas. La primera es que sobre los cubanos que residen en Cuba recae, y sobre todo recaerá, el peso de los cambios que ocurran en la Isla. Sin excluir la participación, pero no el protagonismo, del exilio. De modo que si hoy la iniciativa se atiene a la constitución vigente, precisamente para modificarla en su esencia, más que torpedear lo que es, valdría aplaudir lo que pretende ser. Y si esa constitución excluye al exilio, no es culpa, obviamente del Proyecto Varela, que sólo aprovecha una mínima opción legal para plantear sus reivindicaciones. Aunque ellas sean obvias en sociedades democráticas, no olvidemos que en Cuba serían verdaderas revoluciones tras medio siglo de totalitarismo. Algo que han olvidado quienes se niegan a someter a escrutinio unos derechos no tan universales en la práctica como todos quisiéramos.

Por último: ¿vale la pena todo este esfuerzo si la perspectiva de éxito es casi nula? Decididamente, sí. No por el referendo o su más que hipotético triunfo.

La democracia, las libertades y los derechos del ciudadano se construyen sobre una sociedad civil consciente de sus fueros. Jamás será un gracioso regalo. Y tanto para construir un Estado de derecho como para mantenerlo, se necesita esa sociedad civil, que en Cuba ha sido sistemáticamente podada hasta las raíces. El hecho de que 11.000 o 20.000 cubanos hayan firmado es índice del tránsito a la edad adulta de la oposición interna, que ya no podrá ser impunemente tratada como grupúsculos insignificantes. Y la temeridad de 20.000 es la antesala a la valentía de 200.000, y ésta, a su vez, del desacuerdo público y sin tapujos de 2.000.000.

Si alguien ha estado muy claro desde el principio sobre la peligrosidad del Proyecto Varela, ha sido, a pesar de su prepotencia, Fidel Castro. No ha perseguido el proyecto con tanta saña por puro hábito represivo, sino por miedo. Y no miedo a 11.000 firmas y un referendo que puede disolver son un gesto. Miedo a que cunda el mal ejemplo y los cubanos pierdan el miedo. En una sociedad en decadencia, sumida en un presente en ruinas y deslizándose hacia un futuro incierto, y donde once millones de habitantes están pendientes de la muerte de uno solo, la pérdida del miedo sería un catalizador poderoso hacia un futuro que contradiga los slogans en curso. O peor: que los cubanos alcancen la certeza de que el miedo ya no es rentable: que a lo sumo les aportará un televisor chino, o el derecho a un salario de miseria y prestaciones sociales que no tendrían por qué ser abolidas, sino mejoradas en una sociedad plural y democrática. Miedo a que los cubanos comprendan, al fin, que perder el miedo puede otorgarles la llave de la única puerta hacia el futuro.

 

“Revocando el miedo”; en: Cubaencuentro, Madrid, 15 de mayo, 2002. http://arch.cubaencuentro.com/sociedad/2002/05/15/7934.html.html.

 


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