Fidelidad a plazo fijo

1 09 1997

En su reciente artículo de Caribe, “Teoría política de la corrupción”, Carlos J. Báez Evertsz define a la corrupción como procedimiento y práctica universal de la clase política (no de todos los políticos, por supuesto, aunque la sabia Vox Populi no suele concederles la presunción de inocencia), manejando el tema a escala global con una soltura que no oso. Pero su lectura me ha conducido a la pregunta, no tan fácil de responder como quisieran los indios y los cowboys: ¿Existe corrupción en la clase política cubana?

Si tomamos como referente el escándalo de la Lookheed en Alemania. el affaire Mario Conde, la “piñata” de los dirigentes sandinistas cuando perdieron las elecciones o la fortuna que levantaron Trujillo y Fulgencio Batista con el sudor de sus cargos, no. Tomemos en cuenta que en una sociedad donde el ciudadano “disfruta” la cartilla de racionamiento más larga de que se tienen noticias, un Ferrari sería tan escandaloso como La Veneno en una reunión anual de Oxford, y un jet particular sería un OVNI. Máxime cuando entre los postulados iniciales de la Revolución estaba la igualdad (que llegó a leerse como igualitarismo), y el borrón y cuenta nueva con el pasado, que se tildaba en bloque y sin excepciones de corrupto ─recuerdo que las clases de historia republicana que recibí en cuarto grado eran lo más parecido a Alí Babá y los cuarenta ladrones─. El fervor de los 60 impuso la proletarización (al menos aparente) de la clase política, que hizo del caqui verde oliva y gris (fuese militar o civil) el uniforme institucional. Su incuestionable honradez y desprendimiento quedaba fuera de dudas: habían aprobado con sobresaliente el detector de burgueses que fue la Sierra Maestra.

Aceptemos también que un jefe de Estado debe recibir, dada la estatura de su posición, una vivienda acorde, escolta, coches y toda la parafernalia; como en menor escala, los más altos (pero no tan altos) cargos. Hasta ahí, normal. Pero ya desde 1959, los cuarteles se convirtieron en escuelas, y muchas viviendas abandonadas por los burgueses (con todo su contenido), en viviendas de los más listos guerrilleros, y los coches y algunos yates, etc., etc. (para que esto no parezca un inventario). Ramiro Valdés llegó a decir que quienes se habían jugado lo más excepcional, la vida, por la Patria, tenían derecho a una retribución excepcional. Hay que decir, para ser justos, que Ramiro ha sido siempre consecuente con sus ideas. De modo que la Patria pagó sin rechistar ese derecho de pernada. No en balde el Che, tan temprano como en 1964, y precisamente en una reunión del Ministerio del Interior, lanzó aquello de que “contrarrevolucionario es aquel señor que valiéndose de sus cargos…”, que debió ruborizar a todos los presentes.

Pero aún cuando aceptáramos aquello como botín de guerra, pasó el tiempo y pasó que la pobreza se institucionalizó, la libreta se eternizó, la miseria digna se convirtió en el modus vivendi nacional, y fue defendida con fervor, como paradigma de igualdad. Así y todo, el funcionariado no estaba dispuesto a aceptar grandes responsabilidades con un salario que sólo superaba al de un médico en un 10-20%, de modo que mientras defendía el racionamiento, creó un intrincado sistema para violar el racionamiento: tiendas “especiales”, viajes de servicio con dietas serviciales, distribución discrecional de viviendas y autos, más la sustracción pura de medios destinados a sus empresas y ministerios. Llegó un momento que se instituyó como parámetro económico el “faltante”, cuyos parámetros “normales” oscilaban entre 10-15%. Quien robara dentro de lo “aceptable” no era sancionado. Quien no tuviera “faltante” era destacado en la prensa como un ejemplo, una rara avis digna de ingresar al Zoológico Nacional. Así, los casos más sonados de corruptos caídos han coincidido sospechosamente con personajes políticamente inconvenientes. Desde los 60 hasta Luis Orlando Domínguez o Aldana, por no llenar demasiados folios. O el ajuste global de cuentas de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior tras el Caso Ochoa. Pero lo más curioso es que sólo se descubra al corrupto en ese instante y no mientras traficaba cocaína, regalaba decenas de casas y coches, abría cuentas en Panamá, embutía fajos de dólares en su caja fuerte, o disfrazaba de soldados a “niñas” que volvían de las fiestas porno en Luanda incluso condecoradas. Y eso en un país donde “siempre hay un ojo que te ve”, un ojo del poder que, al parecer, padece presbicia, porque divisa la corrupción en Miami, pero no en el ministerio de los bajos. Y sólo ahora (ingenuo de mí) me pregunto ¿a quién beneficia esa presbicia? Por supuesto que, en primera instancia, al corrupto. Pero, a su vez, el corrupto sabe que El Poder (sólo hay un Poder con mayúscula) lo sabe y, por tanto, paga el precio de su libertad condicional, que puede ser derogada al menor asomo de incontinencia política. Sabe que no se le exige probidad (aunque los haya), ni siquiera eficacia en el ejercicio de su cargo (aunque también los haya), sino (y sobre todo), incondicionalidad. Y mientras más ineficaz y torpe sea el “cuadro político” (nunca mejor dicho), más incondicional deberá ser para garantizar la pensión vitalicia de que disfruta y que en ningún sitio de la galaxia le otorgarán por sus servicios. Pero nada de esto ocurre “in vitro”. Hay 22 millones de ojos que lo ven. Y aprenden cada día del ejemplo, que es el mejor sistema pedagógico. Pero eso es otro costal de harina, que rebasaría las dos cuartillas.

Un proceso que se ha intensificado y ha buscado nuevas rutas en la Era del Dólar, arrimándose al amparo de las empresas mixtas y el turismo. Un regreso al verde que sólo muy lejanamente recuerda el verde olivo de los 60, cuando un ministro que se preciara debía embarrarse un poco el caqui del uniforme antes de entrar a la Junta de Administración, para resultar así más proletario.

“Fidelidad a plazo fijo”; en: Prensa del Caribe. Año 1, n.º 3, Madrid, septiembre, 1997, p. 15.

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